Monsalve respondió a cuestionados otorgamientos de pensiones de gracia: "El procedimiento tiene que ser mejorado"
Agencia Uno
La tarde de este martes, el ministro del Interior (s), se refirió a los cuestionados otorgamientos de pensiones de gracia a personas condenadas por delitos ocurridos durante el Estallido Social de octubre de 2019.
Cabe recordar que recientemente se conoció el caso de Adán Castro, quien recibió el beneficio el pasado 22 de febrero de 2023 a pesar de llevar más de un año condenado por 2 cargos de maltrato de obra a Carabineros.
De acuerdo con su sentencia, Castro golpeó en el rostro a un cabo primero y luego pegó en el ojo a un sargento, para luego patear al primero en el cráneo mientras estaba en el suelo.
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Monsalve responde a polémicos otorgamientos de pensiones de gracia:
En ese contexto, Monsalve afirmó que "el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha entregado pensiones de gracia cumpliendo con la misma ley y el mismo reglamento que se entregó pensiones de gracia en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera".
"Nos parece que ese procedimiento tiene que ser mejorado, porque ese procedimiento permitió que el Gobierno anterior entregara pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y permitió que este Gobierno entregara el beneficio a quienes tenían antecedentes penales", añadió.
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"A la vista de los hechos, este viernes 5 de enero, el Gobierno va a ingresar 2 indicaciones a mociones parlamentarias que se están tramitando en la Cámara de Diputados en materia de pensiones de gracia: una para garantizar al país que cuando se entreguen, la ley establezca la obligación de la autoridad política de tener a la vista los antecedentes penales de los posibles beneficiarios, obligación que nunca ha existido", anunció Monsalve.
"En segundo lugar, vamos a ingresar una indicación para que este beneficio sea revocable. Hoy no hay ninguna norma legal explícita que faculte a la autoridad política para revocar este beneficio., continuó.
"A nuestro juicio hay un vacío que no da certeza legal al respecto. La autoridad política tiene que tener la facultad legal clara y explicita de revocar este beneficio si una persona ha incurrido en la comisión de un delito o un crimen", cerró.
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