Tras conocerse un lapidario informe en el que Contraloría confirma haber encontrado hechos de corrupción en el convenio de la Fundación Democracia Viva con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, el Ministerio de Vivienda entregó sus apreciaciones sobre el reporte y señaló que ya se están tomando medidas que son parte de las recomendaciones del ente fiscalizador.
En esa línea, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló "hemos desarrollado un trabajo serio para que cualquier tipo de irregularidad sea perseguida y castigada. Junto con ello, hemos trabajado para evitar que este tipo de situaciones se repitan, por eso presentamos las 19 medidas en la agenda de Modernización, probidad y transparencia del Minvu".
"Todas las medidas a las que apunta la Contraloría ya están en marcha de manera proactiva", agregó Carlos Montes y agregó que se trabaja en el rediseño completo del Programa de Asentamientos y en implementar un Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de la Información del Minvu.
Montes enfatizó en que "el ministerio está llevando adelante todos los cambios y ajustes necesarios que permitan impedir que los recursos destinados a las chilenas y chilenos más necesitados se transformen en el botín de inescrupulosos".
Por otra parte, reiteró que todos los antecedentes se han entregado a Fiscalía y al CDE, que lleva adelante una querella contra Fundación Democracia Viva. "Quiero ser enfático, acá ya se recuperó buena parte del dinero que se le entregó a la fundación, son más de 290 millones de pesos los que están retenidos en la justicia y haremos todo lo que la institucionalidad disponga para recuperar el resto", cerró.
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¿Qué dice el informe de Contraloría sobre Democracia Viva?
Según informó el medio Ex-Ante el jueves por la noche, la investigación que realizó Contraloría por el convenio de Democracia Viva arrojó que 12 personas contratadas por fundaciones (entre ellas la liderada por Daniel Andrade) ejercían roles directivos y operativos en la Seremi sin ser funcionarios públicos. Ellos utilizaban bienes públicos y tenían acceso a las rendiciones de gasto sin tener relación laboral formal con el Estado.
El citado medio destaca que "se advierte que hubo asignación discrecional de recursos, incumplimiento del deber de abstención, fraccionamiento de fondos para eludir la toma de razón por parte del órgano Contralor, debilidades en la definición de proyectos que debían desarrollar las fundaciones, ausencia de planes de trabajo y debilidad en la rendición de cuentas".
