El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dijo estar “tranquilo” ante la acusación constitucional que presentó el martes el Partido Republicano en su contra, por eventual abuso de poder en el caso de la exseremi de la cartera Patricia Hidalgo, que fue desvinculada.
“Estoy muy tranquilo y a disposición de lo que requiera el congreso en el uso de sus facultades fiscalizadoras, para poder entregar toda la información y toda la documentación respecto de este caso, como ya lo hice en la Comisión de Desarrollo Social hace algunas semanas“, dijo el ministro de Desarrollo Social.
“Estoy absolutamente tranquilo y la posición sobre la solicitud de renuncia es una sola: la pérdida de confianza, y esta pérdida de confianza se dio producto de una vulneración grave de derecho en uno de los albergues del Programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social”, agregó.
Oposición anuncia acusación constitucional contra ministros Jackson y Ríos
El Partido Republicano ingresó la acusación el martes y argumentó en el documento que el titular de Desarrollo Social incurrió en “abuso de autoridad y de poder reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el presidente y aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución y las leyes”.
En el documento se menciona a la exseremi Hidalgo, quien acusó que su salida se debió a presiones desde otro ministerio y no a la situación que dijeron desde el gobierno, que fue porque la exfuncionaria no se hizo cargo de una denuncia de abuso sexual al interior de una residencia del ministerio.
Este miércoles se sorteó quienes serían los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional, la que favoreció al ministro con los parlamentarios oficialistas Karol Cariola (Partido Comunista), Ericka Ñanco (Revolución Democrática), Clara Sagardia (Independiente por Convergencia Social), Joaquín Lavín (UDI) y Bernardo Berger (Independiente por Renovación Nacional).
Este libelo se presentó el mismo día en que Chile Vamos anunció que presentarían una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.
