El Consejo General de fiscales regionales del Ministerio Público junto al fiscal nacional, Jorge Abbott, se reunieron en sesión extraordinaria para abordar la polémica generada por la norma anti filtraciones.
Se trata de una indicación aprobada en forma unánime por la Comisión de Constitución y ratificada posteriormente por la Sala del Senado, que establece sanciones de hasta 541 días a quienes filtren investigaciones del Ministerio Público.
La medida generó preocupación en la Asociación de Fiscales, quienes acusaron que se buscaba proteger a los "poderosos", mientras que la Asociación Nacional de Prensa (ANP) advirtió sobre los efectos que podría tener la enmienda en la labor periodística.
En una declaración pública, plantearon que "tanto el consejo como el fiscal nacional manifiestan su irrestricto respeto a la labor de los periodistas y medios de comunicación y su valoración del importante aporte que hacen diariamente entregando información, interpretación y opinión que fortalece el estado democrático de derecho, cuyos valores se encuentran amparados en la Ley 19.733 conocida como la Ley de Prensa".
En este contexto los magistrados plantean que están abiertos a que la redacción de la propuesta "pueda ser perfeccionada", pero aclarando que "el Ministerio Público siempre estará disponible a cualquier modificación legal que busque perfeccionar y resguardar las investigaciones penales, evitando filtraciones que pudieran anticipar diligencias o fomentar maniobras distractivas por parte de quienes son investigados".
La fiscalía tuvo un rol clave en la redacción de la norma. Segun consta en las actas de la tramitación de la norma, fue el entonces fiscal nacional subrogante, Andrés Montes, quien propuso el aumentar las sanciones a las filtraciones
"Lo afirmado, en ningún caso, busca restringir o afectar los principios de transparencia y publicidad de nuestro sistema procesal penal, que se manifiestan en las audiencias públicas desarrolladas ante tribunales, ni tampoco afectar el desempeño de la labor de los medios de comunicación", agregan.
Una de las alternativas para introducir cambios es que el Senado dé la unanimidad para volver a revisar la norma, que está contenida dentro del proyecto de agenda corta antidelincuencia, que se discute en particular en el Senado.
Otro de los escenarios es que se rechace en la Cámara Baja, y sea revisado en una comisión mixta.
"Categórico rechazo a cualquier límite al derecho de informar"
Finalmente, los el Ministerio Público y lo integrantes de este Consejo General manifiestan "su categórico rechazo a cualquier límite al derecho de informar y ser informado, como asimismo a aquellas aseveraciones que se alejan de los intereses propios y técnicos que persiguen una investigación penal, cuyo propósito es dar una respuesta oportuna, transparente e igualitaria para todos los ciudadanos del país".
