El Gobierno ha elaborado una nueva propuesta para el nombramiento de jueces. La iniciativa propone cambios para la elección de 147 autoridades que integran la Corte de Apelaciones y los 1.564 jueces de primera instancia.
En ese sentido, y según consigna La Tercera, se propone la creación de un Consejo Nacional de Nombramientos, que tendrá el rol de nominar a los magistrados; facultad que, actualmente, depende del Presidente de la República, quien elige las ternas del Poder Judicial.
Para la creación del nuevo consejo, el Gobierno trabaja dos modelos.
Por una parte, trabaja en la creación de un consejo autónomo por orgánica constitucional, descansando en cinco miembros elegidos por: el Presidente de la República, el Senado, el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), una asociación gremial de jueces y las facultades de derecho de universidades.
Cuando se conforme el consejo, se llamará a concurso público y seleccionarán las primeras 10 calificaciones, las que el tribunal respectivo nominará a una terna: la Corte Suprema, en el caso de los ministros de segunda instancia, y la Corte de Apelaciones en el caso de los jueces letrados.
En cuanto al segundo modelo, el Consejo se constituiría de tres miembros y dependería del Ministerio de Justicia. Lo integrarían un representante de la ADP, otro de las facultades de derecho de universidades del Consejo de Rectores y el ministro de la cartera.
Si bien la propuesta se trabaja del año pasado, adquirió mayor premura luego de los casos de jueces indagados por prevaricación y tráfico de influencias en Rancagua. El gobierno incluirá modificaciones al sistema de designación de fiscales, pero aún no se ha formulado.
Restricciones a las audiencias privadas
Los dos modelos prohiben la recepción de postulantes en audiencias privadas en relación a concurso.
El Ministerio propone eliminar al postulante que incumpla esta condición, así como al ministro que acceda a encuentros.
De igual manera, el Gobierno quiere incluir al Poder Judicial dentro de las regulaciones de la Ley de Lobby, aplicándose en ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema.
La medida busca obligar a magistrados a publicar actas de reuniones y audiencias, viajes que realicen y regalos que reciban.
