El Ministerio de Justicia comandado por Hernán Larraín, acompañado por sus dos subsecretarios, Lorena Recabarren (Derechos Humanos) y Sebastián Valenzuela (Justicia), anunciaron que están trabajando en un proyecto de ley que regule el derecho a reunión y que será enviado al Congreso durante el primer semestre de este año.
En esta línea, el ministro aseguró que este punto (el derecho a reunión) es un tema que "venimos meditando hace largo tiempo", con la subsecretaria Lorena Recabarren, porque "forma parte de las recomendaciones de organismos de derechos humanos como el INDH", sostiene.
En conversación con El Mercurio, Larraín dice que este derecho está regulado por un "decreto de los 80" y agrega que "no es la forma de regular un derecho tan relevante, una garantía constitucional".
"Lo que estamos trabajando es precisamente con la comunidad jurídica, incluido el director del INDH (Sergio Micco), para aportar una buena legislación. Va a ser objeto de un debate muy atractivo en la agenda legislativa de derechos humanos para este año", añadió Larraín.
En ese contexto, el ministro aseguró que la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, está generando instancias participativas prelegislativas "donde se puedan considerar las visiones, los comentarios de amplios sectores desde el estándar internacional de Derechos Humanos".
Consultado por los estándares internacionales en esta materia y sobre cómo se aborda el tema de las manifestaciones en la Alameda, cuando, por ejemplo, el intendente dice que no se puede ocupar, pero es ocupada de todos modos, el secretario de Estado, aseguró que el derecho a reunión "está vinculado con el ejercicio de otros derechos: el de la libertad de asociación, el de libertad de expresión, el derecho a la manifestación".
"El derecho a la protesta como tal no esta regulado estrictamente en las convenciones. Muchos derechos se vinculan entre sí. Normalmente se van relacionando o incluso generando tensiones unos con otros. Parte del debate es que haya un consenso de lo que significa el derecho a reunión con respeto a los otros derechos", puntualizó.
Al ser consultados sobre si el ministerio apuesta por autorizaciones previas para obtener el derecho a reunión garantizado por la Constitución, pero que se encuentra un obstaculo, como lo es el decreto supremo que impone la exigencia de autorización de la autoridad para ejercer este derecho, Recabarren aseguró que es "mucho mas complejo que contestar si o no a esa pregunta".
"En una calle muy transitada, ¿cómo se hace para regular ese derecho sin impedir el ejercicio de otros? Entonces, mas que un problema de autorización previa como una condición, es cómo organizo y coordino el ejercicio de muchos derechos. Y al mismo tiempo cómo objetivizo las posibles causas de denegación", complementó el ministro.
