Por Paula Valenzuela
Una nueva diferencia se dio la semana pasada en Chile Vamos en torno a las medidas urgentes que se deben adoptar durante el Estado de Catástrofe en el contexto de la pandemia del coronavirus.
La Cámara de Diputados -específicamente la comisión de Constitución- el jueves pasado aprobó en general un proyecto de ley impulsado por los RN Gonzalo Fuenzalida, Paulina Núñez, Hugo Rey y Alejandro Santana que levantó una discusión al interior del conglomerado.
Se trata de una iniciativa que modifica la ley 18.415 y busca, según consigna la iniciativa, “sancionar a quienes incrementen el precio de bienes o comercialicen bienes destinados a su distribución gratuita, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, o situaciones de alerta sanitaria o emergencias similares”.
En otras palabras, diputados han explicado que es un proyecto que prohíbe la manipulación de precio en pandemia.
Pero en ningún caso, dice el autor de la moción, Gonzalo Fuenzalida, se trata de un proyecto de “fijación de precios”, como ya acusan en la UDI. “Ojalá leyeran mejor el proyecto”, comentó a T13.CL Fuenzalida al ser requerido por esa crítica.
La iniciativa fue aprobada por 9 votos a favor y 4 en contra. Los UDI Sergio Bobadilla (asistió en reemplazo de Jorge Alessandri) y Enrique van Rysselberghe (en representación de Juan Antonio Coloma), Camila Flores (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) fueron quienes estuvieron en contra de la moción mientras Gabriel Boric (Convergencia Social), Hugo Gutiérrez (PC), Matías Walker (DC, presidente de la comisión) Marcos Ilabaca (PS), Leonardo Soto (PS), Pamela Jiles (PH), René Saffirio (independiente), y los RN Gonzalo Fuenzalida y Paulina Núñez votaron a favor.
¿Fijación de precios?
“En esta sesión el diputado Fuenzalida ha pasado a ser prácticamente subversivo entonces me interesa decir que me parece muy importante que haya un proyecto presentado, firmado y patrocinado por diputados de derecha”, dijo en la sesión del jueves la diputada Jiles al justificar su voto favorable.
Y continuó: “Me parece importante que haya en sectores de la derecha una clara definición por los derechos urgentes de las personas, lo que ellos mismos llaman la derecha social, me parece que se expresa de manera muy concreta en este proyecto”.
La parlamentaria, así, daba cuenta del debate que se ha instalado en la coalición oficialista en torno a la adopción de medidas urgentes en tiempos excepcionales, como por ejemplo, posnatal de emergencia, condonación de la deuda del CAE, servicios básicos, entre otros.
Pese a que en la sesión pasada, el debate estuvo centrado en lo técnico, en Chile Vamos afirman que el proyecto de ley ha generado resquemor incluso en personeros fuera de la comisión de Constitución. En la UDI, por ejemplo, insisten que se trata de un proyecto de fijación de precio pues sí sitúa un monto máximo de venta en medio de la pandemia.
“Este proyecto es el típico proyecto que se ve bien, pero que tiene consecuencias que pueden ser sumamente graves. Tendríamos que aplicarle una sanción de cárcel por ejemplo a los vendedores de mascarilla, a los vendedores de alcohol gel, a los vendedores de huevos, por eso creo que hay que ser especialmente cuidadoso en la forma en la cual se pretende regular los precios y esta forma yo no la comparto”, comentó a T13.CL el diputado Coloma.
En Estado de Excepción, el gobierno puede fijar precios, así lo destacaron de hecho en la comisión del jueves pasado.
“El gobierno ha ejercido poco sus facultades del Estado de Excepción y solo las ha ejercido en tres ocasiones para fijar precio: el valor del examen del PCR, para arriendo de inmuebles para instalación de hospitales de campaña y precios de prestaciones de salud de clínicas privadas a pacientes Fonasa. No se fijaron precios para mascarillas, alcohol gel y otros insumos básicos de protección. Por eso es necesario este proyecto: para establecer sanciones penales para los que incumplan ese precio y también donde no hay fijación precios, que se pueden subir de manera ilegítima con fines especulativos”, dijo el diputado Soto a este medio.
¿Está o no regulado?
En la sesión del jueves expusieron sus puntos de vista el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, el ex fiscal de la misma entidad, Felipe Irarrázaval, y el economista Bernardo Fontaine. Los tres tuvieron posiciones críticas. “Fuenzalida quiso invitar a personas críticas del proyecto para que tuviéramos las dos versiones”, comentó Walker.
Riesco, por ejemplo, dijo que “no sería recomendable” involucrar a la FNE en esta ley porque, agregó, “no tienen que ver con esta especialidad”.
Asimismo, Irarrázabal sostuvo que es “una preocupación legítima” de los parlamentarios, pero, añadió, el proyecto de ley no “ataca bien” el problema de fondo.
Así, por ejemplo, Irarrázabal dijo que era positivo que el Estado de Chile no hubiese fijado precios de mascarillas como en Italia, porque, afirmó, en ese país terminó con escasez de dichos productos.
Fontaine, a su turno, precisó que era complejo determinar la causa ilegítima del aumento de precios. También cuestionó la sanción penal. “Yo le compré a una señora una mascarilla por 3 mil pesos, era una asesora del hogar que estaba sin trabajo, yo dudo que le haya costado 500 pesos”, dijo el economista y luego reparó si entonces esta señora debía ir presa.
En tanto, los expertos también apelaron a que esto ya está regulado, lo que luego fue cuestionado por el diputado Fuenzalida, quien precisó que solo está penada la colusión.
En la instancia, de hecho, los parlamentarios citaron el informe de la Biblioteca del Congreso en el que se señala que “analizadas las diversas bases de datos de jurisprudencia de que dispone (…) no se ha encontrado ninguna jurisprudencia que verse sobre este delito en particular”.
“El proyecto busca proteger al consumidor frente a ese aumento injustificado e ilegítimo que no tiene un sustento en el aumento de costos. Por eso se pone un umbral de un 20% para recién a empezar a ver si se podría configurar la legitimidad. Ahora, lo que estamos haciendo es algo que estuvo en la ley 16.282, pero que hoy está derogado tácitamente en esa parte”, sostuvo Fuenzalida a T13.CL.
El diputado Cruz-Coke, por su parte, votó en contra porque ya “existen instrumentos más eficientes dentro de nuestra legislación para prevenir las posiciones dominantes, las colusiones, eventualmente, incluso con la legislación que tenemos en materia de fijación de precios”. Y agregó que, entonces, “parece ser que la legislación no fuera necesaria”.
Con todo, la comisión de Constitución deberá iniciar la próxima semana su votación en particular.
