El 30 de septiembre vence el plazo para que el gobierno ingrese el proyecto de ley de presupuesto para el año 2016.
Desde el mundo universitario sostienen que a 36 días de ese límite, pocas son las certezas de los alcances del anuncio sobre gratuidad universitaria, que según ha adelantado el gobierno partirá el próximo año para un sector del alumnado, lo que se será determinado a través de una glosa presupuestaria. Esto, a la espera de la tramitación de la nueva ley que regirá a las casas de estudio, la que ingresaria a fines de 2015.
Y es que al menos seis cambios ha realizado el gobierno al anuncio de la gratuidad universitaria desde que la Presidenta Michelle Bachelet confirmó el pasado 21 de mayo el inicio de la medida.
El último de estos giros ocurrió este martes, luego que el jefe de la división de Educación Superior, Francisco Martínez, desestimara un documento publicado el jueves en la página del Mineduc, en donde se señalaba que se permitiría que entre los integrantes de las fundaciones que controlan las universidades participaran sociedades comerciales, pero sólo en el caso que dichas corporaciones no eligieran a más del 10% del directorio del plantel.
Junto con esto, el mencionado documento abría la posibilidad a que universidades con tres años de acreditación pudieran acceder al beneficio.
Enviamos una aclaración para que no se diga que no hay una otra versión. Era un borrador que no debía estar en el sitio web, no tengo claro de quién fue el error.
Sin embargo, uno de los cambios más trascendentales que planteaba el documento era que el beneficio sería para las universidades estatales y para privadas que cumplieran los requisitos de acreditación, no lucro y participación estudiantil. Esta medida, en la práctica, implicaba poner término a la distinción entre universidades del G9 –pertenecientes al CRUCH- y las privadas creadas después del año 1981.
“Bajamos el documento porque los criterios no han cambiado y siguen siendo los mismos (…) Esa es la claridad que tiene que tener la población. No cambia en nada lo que se definió después del cónclave”, fue la frase del funcionario del Mineduc.
En tanto, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó anoche que "enviamos una aclaración para que no se diga que no hay una otra versión. Era un borrador que no debía estar en el sitio web, no tengo claro de quién fue el error".
El nuevo giro generó reacciones tanto en los rectores como en el mundo estudiantil. Luis Loyola, rector de la Universidad de Antofagasta y vicepresidente del Consorcio de planteles estatales (CUECH) señala que “esto nos produce incertidumbre porque las reglas se han ido cambiando varias veces”.
Los alcances de la gratuidad ya deberían estar definidos, no debería haber más cambios, porque ya estamos a un mes de la entrega de la ley de presupuesto”.
“Eso nos impide hacer simulaciones para calcular efectivamente cuánto nos afectaría este proceso de gratuidad en la ley de presupuesto, hoy día no sabríamos cuánto es lo que efectivamente simulamos para recibir y cuánto nos faltaría, para tener lo mismo del año anterior a lo menos. Esto nos retrasa la formulación de nuestro presupuesto”, sentencia en conversación con T13.cl.
El nuevo cambio en el anuncio será parte de los temas abordados este miércoles en la cita del Cuech.
Desde los estudiantes, la vocera de la Confech, Valentina Saavedra califica el nuevo giro como “irresponsable, poco serio. Creo que esto es un show, están definiendo la educación y se dan el lujo de ir probando fórmulas”.
Esto es irresponsable, poco serio (...) muestra la peor cara de la Nueva Mayoría, que pareciera ser que no tiene ningún objetivo claro.
“Esto causa incertidumbre. Pero yo creo que por sobre todo muestra la peor cara de la Nueva Mayoría, que pareciera ser que no tiene ningún objetivo claro sobre qué hacer con una de sus propuestas más importantes en el programa, que es educación”, agrega en conversación con T13.cl.
Los estudiantes se reunirán este domingo en un plenario para realizar una evaluación de lo que ha pasado en las últimas semanas, y este jueves realizarán una movilización a nivel nacional para exigir una discusión de “fondo” sobre la demanda de una educación pública.
El anuncio del 21 de mayo
Todo comenzó el 21 de mayo. Ese día la Presidenta entregó definiciones sobre su anuncio de gratuidad universitaria.
Bachelet dijo que en el marco de avanzar hacia un 70% de gratuidad al fin de su gobierno, "a partir del 2016 aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito".
Según dijo la Mandataria en esa oportunidad la medida beneficiaría a casi 264 mil jóvenes.
Eyzaguirre se abre a evaluar cambios
El 4 de junio de 2015 el en ese entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, se abrió a introducir cambios al anuncio de gratuidad, ante el reclamo de universidades privadas y parte de la DC.
“Obviamente no hemos escrito sobre piedra y eso no significa que en el contexto de la discusión presupuestaria no podamos discutir, pero este es el primer paso”, enfatizó.
El ministro recordó que “este es solamente el primer paso. Enviaremos en el segundo semestre un marco regulatorio que dejará claramente establecido cuáles son las condiciones para que cualquier institución, sea o no sea del Consejo de Rectores, pueda ingresar a la gratuidad”.
Gratuidad "en la medida de que hayan recursos disponibles"
“Sabemos que no vamos a contar con todos los recursos previstos originalmente para llevar adelante nuestro programa”. Así lo dijo la Presidenta Michelle Bachelet a sus ministros en el Consejo de Gabinete del pasado 10 de agosto
Al finalizar el encuentro en el Estadio San Jorge, la Mandataria expresó: “reafirmo y reitero mi compromiso de no detener el avance hacia la gratuidad universal a pesar del escenario económico más adverso”.
En esa ocasión, Bachelet recordó que en su último discurso del 21 de mayo se comprometió a que a partir de 2016 un 60% de los estudiantes de menores ingresos pertenecientes a universidades del CRUCH reciban educación gratuita.
"Lo que yo quiero decir es que lo que vamos a trabajar en este tiempo es que cualquier cambio en esa definición requerirá de los ajustes correspondientes con criterios de vulnerabilidad y de cobertura. Y sin duda seguiremos avanzando en gratuidad en la medida que exista disponibilidad de recursos fiscales", explicó.
En tanto, desde el gobierno reconocieron que el objetivo del programa de gobierno de llegar a un 70% de gratuidad al 2018 y a un 100% en 2020 se encontraría en duda, en vista del complejo escenario económico.
Delpiano cierra la puerta a gratuidad de privadas
Con el objetivo de aterrizar los anuncios del Consejo de Gabinete, la entonces nueva ministra de Educación, Adriana Delpiano, se reunió con representantes de la Confech para abordar la iniciativa.
En la cita se les confirmó a los dirigentes que la gratuidad comenzaría en 2016 sólo en los planteles anunciados por Bachelet, descartando la posibilidad de ampliar el beneficio a las universidades privadas no tradicionales, o fuera del Cruch.
Tras el encuentro, el jefe de la división de Educación Superior, Francisco Martínez enfatizó que "se mantiene lo que se había dicho. Lo que se planteó en algún momento fue evaluar y estudiar si había alguna posibilidad de considerar otros criterios. Eso se hizo, se evaluó, se revisó ampliamente y se llegó a la conclusión de lo más prudente ahora, para esta etapa, era hacer lo que se había propuesto".
La decisión de excluir a las privadas fue criticada por senador DC Ignacio Walker: "atenta contra la equidad, espíritu y letra del gobierno"
En tanto, el vocero de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Hugo Lavados, sentenció tras una reunión con Delpiano: "No creemos que la puerta esté cerrada”.
El cónclave donde se zanjó incluir a las privadas en la gratuidad
Fue en el cónclave de La Nueva Mayoría, en San Miguel, donde la Presidenta Bachelet notificó a los partidos de la Nueva Mayoría que se había decidido reducir de un 60% a un 50% los alumnos más vulnerables que recibirán gratuidad para poder incluir a universidades privadas que cumplieran con ciertos requisitos.
- Que aseguren calidad (segundo nivel de acreditación, es decir al menos 4 años).
- Que no sean controladas por sociedades comerciales.
- Que cuenten con democracia interna.
En tanto, se mantenía la gratuidad además para los IP y CFT sin fines de lucro.
Delpiano defendió la medida aseverando que "lo que se ha propuesto es poder adelantar para un número aproximado de 230 mil alumnos la gratuidad con calidad, con instituciones que nos den hoy día, sin tener el sistema regulador establecido por ley, nos den las garantías de que no son instituciones que lucran".
Ante las críticas del anuncio, Bachelet manifestó: “No seamos negativos en algo que es una muy buena noticia para todos, porque ya es un logro innegable que el año 2016 miles de jóvenes van a poder estudiar en la educación superior totalmente gratis".
El documento del gobierno que abría la puerta a sociedades comerciales
El jueves pasado, el Ministerio de Educación dio a conocer un nuevo documento en donde se señalaba que se permitiría la gratuidad en universidades donde participaran sociedades comerciales, pero sólo en el caso que estas entidades no elijan a más del 10% del directorio del plantel.
Otro de los cambios clave del documento es que terminaba, en la práctica, con la distinción entre privadas del G9 –que pertenecen al Cruch- y aquellas que fueron creadas después de 1981.
El documento dice textual: “El 2016 daremos un primer paso en la implementación de la gratuidad, cuando, a través de la ley de presupuestos, creemos una transferencia por gratuidad que beneficie a los estudiantes de hogares en los cinco primeros deciles de ingreso, que se encuentren matriculados en una universidad estatal, en algún Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica que cumpla con estar acreditado y estar constituido como una persona jurídica sin fines de lucro, y en cualquier universidad privada que cumpla con tres requisitos: (i) estar acreditada por 4 años o más, o por 3 años en las dos áreas obligatorias y además en el área de investigación; (ii) no poseer, como integrantes de la corporación o fundación universitaria, sociedades comerciales con fines de lucro que puedan elegir sobre un 10% de los directores de la universidad ; y (iii) considerar representantes de los estamentos estudiantil y/o funcionario, a lo menos con derecho a voz, en algún órgano de gobierno superior del plantel, de acuerdo a lo establecido en los estatutos registrados en el Mineduc".
Elmartes, el gobierno desestimó este documento, señalando que se mantenían los criterios fijados en el cónclave de la Nueva Mayoría.
