Lorena Ferraro y Pablo Cádiz
Expectativa existe en los partidos de la Nueva Mayoría de cara al inminente fallo del Tribunal Calificador de Elecciones en torno al recurso de queja ingresado contra la directora (s) del Servel, Elizabeth Cabrera.
El bloque oficialista acusa a la funcionaria de haber “abusado” de sus atribuciones al rechazar la inscripción de las candidaturas municipales, frente a la ausencia de la presidenta del PS, Isabel Allende, quien llegó al Servel pasada la medianoche del pasado 20 de abril.
El reclamo apunta a que –según el oficialismo- ni la ley de primarias ni de partidos políticos obliga la comparecencia personal de los dirigentes. Para graficar esto citan el caso de las primarias presidenciales de la Nueva Mayoría en 2013, donde no estuvo presente el entonces timonel DC Ignacio Walker.
Un argumento que es rechazado por el Servel, que ayer ante el Tricel apuntó a que más que el retraso de Isabel Allende, lo que impidió la inscripción habría sido la falta de acuerdo. Un tema que había puesto sobre la mesa la propia Cabrera, quien en un informe al Consejo Directivo del Servel había sostenido que dirigentes del bloque habían reconocido que "dificultades internas" impidieron el pacto.
“El error de los recurrentes es que no estuvieron de acuerdo a la medianoche", dijo ayer el abogado del Servel Juan Pablo Bravo.
En medio de la incertidumbre en torno al fallo, la Nueva Mayoría estudia escenarios en caso que el fallo sea desfavorable, tarea que fue encomendada a los secretarios generales de los partidos.
Una de las opciones que se está analizando apunta a la posibilidad de realizar “consultas ciudadanas” o “encuentros participativos” en las 66 comunas en disputa, muy similares a las primarias que se han realizado al interior de algunas colectividades.
Fuentes oficialistas detallan que los estudios jurídicos que encargaron para determinar la viabilidad de un proceso por fuera de las primarias legales apuntan -preliminarmente- a que se podría realizar un proceso de estas características, pero con ciertas restricciones: sin recursos públicos ni gasto de propaganda. Y que en lugar de llamar a votar, se tendría que instar a participar.
A esto se suma que el proceso no será organizado por el Servel, ni tampoco sería vinculante. En todo caso, este último punto estaría subsanado ya que los candidatos derrotados tampoco podrían ir por fuera debido a la ley anti díscolos.
Con todo, desde la Nueva Mayoría señalan que más allá de la forma de la consulta, lo importante es que sea la ciudadanía la que decida.
Otro de los escenarios que se está evaluando al interior del oficialismo apunta a realizar encuestas. Este procedimiento, sin embargo, quedaría acotado a las 25 comunas que siguen sin acuerdo.
Uno de los puntos en contra de este mecanismo apunta a los altos costos que implica. Se estima que una encuesta podría costar en torno a los $5 millones de pesos, según los cálculos que se pusieron en la mesa durante la reunión del lunes entre los presidentes de partidos y secretarios generales del bloque.
