“Creemos que Chile tiene una buena Constitución”. Así comienza exponiendo sus razones la comisión constitucional de la UDI para plantear que el país no necesita iniciar un proceso constituyente.
Tras anunciarlo en cadena nacional en abril y luego de postergar su comienzo, la Presidenta Michelle Bachelet fijó como plazo el lunes 12 de octubre para dar a conocer el mecanismo a través del cual cambiará la Carta Magna.
Pero la UDI no confía en una nueva Constitución para el país. Por ello, este jueves entregaron este documento al ministro del Interior, Jorge Burgos, luego de una reunión encabezada por el presidente del gremialismo, Hernán Larraín, en la que también participó el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz.
“Creemos que quienes propician una nueva Constitución lo hacen sólo con propósitos políticos populistas”, señalan en el texto titulado "Chile no necesita una nueva Constitución".
A la vez, critican duramente que no se hayan dado “mayores explicaciones acerca de dicha propuesta”, en tanto aún no se conoce la forma en que se llevará adelante el proceso constituyente.
Acusan “poca claridad” del gobierno
La UDI expone entre los puntos del documento que “como es bien sabido, el referido programa de gobierno nada señala sobre los procedimientos de 'sustitución' de la carta en vigor, limitándose sólo a decir que ‘La Nueva Constitución Política deberá elaborarse en un proceso: i) democrático; ii) institucional, y iii) participativo’.”.
“Que la ciudadanía no tenga claridad sobre la forma en que la Constitución pretende ser reformada obedece a que no hay consenso ni claridad en la forma en que se sustituiría el principal texto jurídico-político de nuestra sociedad”, indican.
En esa línea, señalan que, de realizarse el proceso constituyente, “el único lugar donde se cumplen los tres requisitos o condiciones que el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet plantea para llevar a cabo el proceso constitucional es el Congreso Nacional”.
¿Por qué Chile tendría una buena Constitución?
Según el gremialismo, la actual Carta Magna no debería ser cuestionada “porque reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas y garantiza más y mejores mecanismos protectores de los mismos”.
Asimismo, aseguran que “fortalece y amplía la dignidad humana, porque confía en el Estado de Derecho como marco jurídico bajo el cual se desenvuelve el sistema democrático, porque establece la necesidad de un manejo responsable y no populista de las finanzas públicas, porque protege el medio ambiente en que se desarrolla nuestra vida, y por otros muchos aspectos que sería largo enumerar cuyo evidente propósito es alcanzar el bien común”.
A la vez, dicen que las críticas a que su gesta haya sido durante la dictadura deben ser dejadas atrás. “Cualquier cuestionamiento respecto de su ilegitimidad de origen, entendemos que está totalmente superado”, plantean.
Por otra parte, recuerdan y destacan que la Constitución ha experimentado una serie de cambios desde su creación, incluyendo la promulgación de la Ley de reforma constitucional en 2005.
La UDI además declara una serie de principios sobre el orden social validados en la Constitución, entre los que incluyen la dignidad humana y derechos fundamentales; familia; rol del Estado en la sociedad; justicia y bien común; libre iniciativa y economía social del mercado; entre otros.
Sobre otros temas, considerados medulares para el partido, señalan que el programa constitucional de la Nueva Mayoría “genera dos contradicciones (en materias de Derechos Humanos): a) declara como único criterio legítimo el de la mayoría, en circunstancias que reconoce que los derechos humanos constituyen un límite a la soberanía; y b) propone traspasar la definición de este límite a la soberanía a un sistema internacional, cuya legitimidad democrática puede ser puesta en duda”
En cuanto a la libertad económica, son claros: “frente a la demanda creciente por obtenerlo todo del Estado sin costo alguno, hay que valorar el esfuerzo y mérito individual y la labor subsidiaria del Estado (...) hay que defender la propiedad privada y el legítimo derecho a percibir los frutos del emprendimiento y del propio esfuerzo; y frente al engaño que sostiene que la centroderecha defiende a los ricos en desmedro de los pobres, hay que mantener una preocupación preferente por quienes menos tienen, pero teniendo muy presente que a los pobres no se los ayuda acosando a los que tienen más, porque de lo que se trata, precisamente, es que muchos de ellos también puedan llegar a tener más”.
Solidez a nivel regional
La segunda parte del texto continúa destacando “los aportes fundamentales de nuestro actual texto constitucional” y resalta que nuestro país ha mantenido una base sólida en medio de un contexto latinoamericano con líderes "pintorescos" y "populistas”.
En ese sentido, aseguran que “Chile ha constituido una rara excepción en el contexto latinoamericano por su estabilidad institucional, en buena medida acompañada de una larga vigencia de sus cartas fundamentales”.
“Varios países de nuestra región no han asimilado el fracaso de la ideología socialista y el derrumbe al que condujo a los países que lo vivieron. Se han dejado seducir por líderes pintorescos que han aplicado la vieja receta del populismo interventor y estatista que, tantas veces, ha sumido en la pobreza a Latinoamérica”, agregan.
Constitución de 1980: “Precursora de los tiempos actuales”
La UDI asegura que Chile se ha regido por tres Constituciones Políticas en su historia, cuestionadas todas en su momento. Sin embargo, sostienen que cada una ha contribuido a la consolidación del país.
“La Constitución de 1980, en el contexto en que fue dictada, fue precursora de los tiempos actuales, caracterizados precisamente por fortalecer y ampliar en todas sus proyecciones la dignidad humana", afirman.
Asimismo, dicen que se establece "la necesidad de un manejo responsable y no populista de las finanzas públicas y muchos otros aspectos”.
El gremialismo plantea que la legitimidad de la Constitución comienza con dos principios básicos: "En primer lugar, el concurso y participación de personas de altas cualidades en el mundo de los estudios constitucionales y que representaban sensibilidades de distinto signo: Enrique Ortúzar, representando a la derecha tradicional, Jaime Guzmán, representando el pensamiento gremialista, Jorge Ovalle, de tradición radical, o el pensamiento social cristiano de Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans. En segundo lugar, la participación de la ciudadanía en el origen y en un importantísimo paquete de reformas acordado antes de su plena entrada en vigencia a partir de 1990”.
Sin la actual Constitución, creen que "no podrían explicarse ni la transición política, ni la legitimidad de las decenas de miles de leyes promulgadas conforme a sus disposiciones (...) ni los numerosísimos fallos de los Tribunales de Justicia (...) ni la reforma procesal penal cuyo marco se origina introduciendo un nuevo capítulo a la Constitución, ni a la autonomía del Banco Central", entre otras.
“La propia existencia de un Capítulo I, denominado ‘Bases de la Institucionalidad’, tan rico en principios y valores, ha posibilitado a nuestra jurisprudencia constitucional, judicial y administrativa un espectacular desarrollo en las últimas décadas”, añaden.
“Tenemos, consecuentemente, la convicción de que Chile tiene una buena Constitución y que ella es legítima”, sentencian.
Por otra parte, sí reconocen que la actual Constitución tiene, "como en todo texto normativo, espacios de perfeccionamiento. De ello son muestra, entre otros, las numerosas mociones que Diputados y Senadores de la UDI han presentado con miras a modificar aspectos específicos de nuestra Constitución”.
