Fueron al menos dos oportunidades donde Contraloría hizo ver a Gendarmería que no procedía la incorporación de Myriam Olate a Dipreca, sistema previsional con que gozan los funcionarios de la institución que cumplen labores permanentes.
Así lo señala el informe firmado este martes 9 de agosto por el contralor Jorge Bermúdez y que ordena iniciar la invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de la institución, incluyendo a la ex subdirectora técnica y ex esposa del presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, cuya pensión de $5,2 millones generó una serie de cuestionamientos.
“Si bien Gendarmería posee determinadas atribuciones para nombrar a su personal, ello no significa que en el ejercicio de tales potestades pueda actuar arbitrariamente o de un modo que, en definitiva, signifique una desviación de poder y una infracción al deber de probidad”, señala una de las frases más duras del informe firmado por Jorge Bermúdez.
El informe cuestiona que se le haya otorgado la pensión de retiro a Olate, “en circunstancias que" en un informe del 7 de diciembre de 2012, sobre una auditoría efectuada en la Dipreca, se consignó que Olate -entre otros funcionarios- "no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional, instruyéndose al efecto que aquella debía remitir las erogaciones recibidas de gendarmería de Chile de esa servidora a la administradora de fondos de pensiones (AFP) que la superintendencia de Pensiones señalase".
La segunda alerta fue en octubre de 2014, mediante un informe de seguimiento, en el que “se dejó constancia que la objeción antes referida no había sido corregida, en la medida que Gendarmería de Chile no dio respuesta a las solicitudes de Dipreca respecto de la AFP a la cual estaba adscrita la funcionaria y en lo tocante a abstenerse de remitir las erogaciones de esta última".
Incluso, se señala que en un oficio de 2012, dirigido a Gendarmería, se dejó constancia que “con fecha 1 de octubre de 2012, se procedió a desvincular de este sistema previsional" a Olate, por cuanto "se encuentra erogando imposiciones en esta institución desde octubre de 2010, fecha desde la cual ostenta un cargo de contrata destinada a la dirección nacional, no cumpliendo así con ninguno de los requisitos exigidos por la ley 19.195".
Contraloría señala que este último cargo –dada su naturaleza “transitoria”, debido a que lo desempeñó entre 2010 y 2014- “pugna” con el requisito fijado por la ley, que apunta a que para efectos de quedar sujeto al régimen previsional de Carabineros se exige estar destinado “en forma permanente a prestar servicios dentro de una unidad”.
“De este modo, no obstante haber sido advertida por esta contraloría general, mediante su informe final N° 56, de 2012, y su informe de seguimiento de 2014, y pese a que la propia Dipreca en su oficio N° 9.346, de 2012, manifestó haber desvinculado a la ex funcionaria del sistema previsional de que se trata, igualmente esa repartición procedió con infracción a la norma vigente” a otorgarle la pensión de retiro con cargo a Dipreca, señala el informe.
Así, se plantea que si bien Gendarmería puede destinar a funcionarios a realizar labores permanentes en una unidad penal, recibiendo como consecuencia el régimen previsional de la institución, esto se debe efectuar velando por el “interés general” y no tener como “única motivación la de que esos servidores gocen del sistema de pensiones de Dipreca, menos cuando éstos no trabajen –en los hechos- en un recinto penal”
“Pago indebido de bonificación”
No solo eso señala el informe. La Contraloría además determinó que en relación a las pensiones percibidas por Olate y que sirvieron de cálculo para la pensión de retiro, “se advierte el pago indebido de la bonificación compensatoria de la asignación de modernización, toda vez que la funcionaria, descontando las cuotas correspondientes a la asignación de modernización, percibía remuneraciones por sobre el tope imponible”.
Olate se retiró de la institución hace menos de un año en calidad de subdirectora técnica. Una de las dudas apunta a que hasta mayor de 2014 tenía un sueldo bruto de $1.755.197 ($1.508.641 líquido) y al mes siguiente aparecía con una remuneración bruta de $10.154.363. En los 15 meses siguientes, hasta que dejó su cargo, las remuneraciones de Olate fueron variando desde un mínimo de $4.021.444 bruto ($3.219.896) hasta $8.327.092 bruto. Su último sueldo en Gendarmería correspondiente a $5.951.594 líquido.
Según explicó la propia Olate a El Mercurio, durante el gobierno de Sebastián Piñera su sueldo bajó. Al regresar Bachelet a La Moneda, postuló por concurso público al cargo de subdirectora técnica, el mismo que desempeñaba durante la primera administración de la socialista. La periodista atribuyó los diez millones de pesos de junio de 2014 a un diferencial retroactivo por los meses en que cumplió la función de subdirectora.
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