Por Sandra Burgos y Christian Rendic
Este lunes puede marcar un antes y un después en la denominada arista Soquimich (SQM). El directorio resolverá si abrirá su contabilidad e información de los años comerciales 2009 al 2014. Si lo hace, se ha señalado que se abrirá un caso que puede llegar a ser más complejo que el de Penta. Si no lo hace, se iniciará una pugna con el Ministerio Público que ya cuenta con muchas pistas para seguir, pero que requiere de esa información para confirmar sus sospechas y armar un caso
Muchos datos, muchas fechas y movimientos. Aquí las preguntas y las respuestas para entender esta arista:
¿Por qué la Fiscalía puso los ojos sobre Soquimich?
“Respecto de la boleta de Soquimich, señalo que yo no la solicité, se la solicitó un tercero, específicamente Ernesto Silva Bafalluy, supongo que para apoyar campañas políticas”. Fue el 9 de enero de 2015 cuando el fiscal de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, obtuvo esta declaración de parte de Pablo Wagner, la que abrió la puerta a la hoy conocida arista Penta-Soquimich.
El ex subsecretario de Minería y ex ejecutivo de empresas Penta, formalizado y en prisión preventiva por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos, daba cuenta ese día a los persecutores de las 59 boletas ideológicamente falsas emitidas entre 2009 y 2014 por su cuñada, María Carolina de la Cerda, por las cuales se le investiga.
Una de ellas, la Nº 8, fue emitida por la profesora de educación media de 37 años a Soquimich el 21 de julio de 2009, por un monto total de $ 8.333.334, bajo el concepto de “asesoría financiera”. De la Cerda se quedó con el 10% de la retención y los 7,5 millones de pesos líquidos restantes, según detalló Wagner, fueron repartidos en cheques para el propio Silva Bafalluy, Cristina Bitar y Lorena Espinoza, financista, asesora y secretaria, respectivamente, de la campaña senatorial que Joaquín Lavín perdió ese año ante el RN Francisco Chahuán.
El mismo 9 de enero de 2015 el SII presentó una querella criminal en contra de Wagner y su cuñada.
Entre las diligencias que pidió a la Fiscalía, el ente recaudador ordenó solicitar “toda la documentación contable correspondiente a los años comerciales 2009 a 2014” de Soquimich y, en el mismo escrito, agregó que “de no mediar entrega voluntaria, se solicita requerir la correspondiente orden judicial, a fin de proceder a su incautación”.
Sin embargo, menos de una semana después el mismo Servicio de Impuestos Internos corrigió la orden de investigar y pidió a la Fiscalía acotar la solicitud de información de Soquimich sólo a un mes, julio de 2009, pues ese era el período en que De la Cerda extendió la boleta falsa a nombre de la minera controlada por Julio Ponce Lerou.
¿Qué ha encontrado hasta el momento la Fiscalía en SQM?
El SII redujo el período de investigación de la contabilidad de Soquimich de 60 a solo un mes. Tras la revisión de los antecedentes de julio de 2009, los persecutores pidieron indagar 21 boletas de honorarios, emitidas por 19 personas distintas, por sobre el millón de pesos.
Esta diligencia abrió un nuevo rumbo en la arista política del caso Penta, pues entre las boletas sospechosas a juicio de la Fiscalía figuran personas vinculadas a parlamentarios y políticos.
Entre los documentos que están bajo la lupa de la justicia, para determinar si realmente corresponde a trabajos realizados o se usaron con fines diferentes como el financiamiento de campañas electorales, están los de tres asesores del senador PS Fulvio Rossi; de un hijo del diputado DC Roberto León; del ex embajador DC Marcelo Rozas y de su esposa; y de algunos ex colaboradores de campaña de Sebastián Piñera.
Tras estos resultados, en el entorno de la Fiscalía sostienen que si tras haber revisado sólo un mes de contabilidad aparecieron documentos vinculados a políticos, un análisis más amplio –como el que originalmente pidió el Servicio de Impuestos Internos- podría engrosar de manera considerable la arista política del caso Penta.
¿Qué espera la Fiscalía?
La investigación matriz del caso Penta es de carácter tributario y, como tal, es el Servicio de Impuestos Internos el que puede autorizar o pedir diligencias a la Fiscalía.
El sábado 7 de marzo, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar, además de decretar las medidas cautelares fijó un plazo de investigación relativamente ajustado a los fiscales Sabas Chahuán, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Maximiliano Arias: 120 días. Esto deja contra el tiempo al equipo de persecutores, los que deben revisar 1.065 boletas o facturas ideológicamente falsas de Penta, además de 102 contratos forward.
Con el tiempo en contra, hoy la Fiscalía se debate entre esperar que el SII lo autorice a requisar toda la contabilidad de Soquimich de 2009 a 2014, o que la empresa entregue la información de manera voluntaria (tal como lo solicitó el lunes 9 Sabas Chahuán). Esto último lo va a definir el Directorio de SQM este lunes.
Sin embargo, también se analiza internamente hacer una interpretación amplia del mandato investigativo que le dio el tribunal e incautar la contabilidad sin esperar la luz verde de Impuestos Internos. Esta última es una apuesta arriesgada, pues generaría una tensión mayor entre el ente estatal y los persecutores, y podría trabarse finalmente en una contienda de competencias. Además, si la Fiscalía optara por la vía propia, los antecedentes que eventualmente consiga podrían ser objetados en un juicio y ser descartados por aspectos formales.
¿Por qué el gerente general intentó bloquear la entrega de información?
El mediodía del lunes 9 de marzo, un grupo de fiscales ingresó a las oficinas de SQM a solicitar la información comercial de la compañía correspondiente a los años 2009-2014. Tras permanecer por cerca de una hora, salieron sin la documentación, pero con el compromiso de la compañía de que en un plazo de 5 días responderían.
Sin embargo, todo dio un vuelco la mañana del miércoles 11 de marzo, cuando a las 8:40 el abogado Samuel Donoso, en representación de Patricio Contesse González, acudió al Octavo Juzgado de Garantía a presentar una acción cautelar para evitar que el Ministerio Público incaute información más allá del mes de julio de 2009.
El viernes 13, el Octavo Juzgado de garantía respondió rechazando la solicitud de Contesse, por esta razón ese mismo día decidió iniciar la tramitación para llevar el tema al Tribunal Constitucional.
Según quienes han tenido acceso a parte de la documentación de SQM, si la Fiscalía accede a ella, podría tener un efecto peor que el de Penta.
¿Qué rol juega el directorio de la compañía?
El mismo día que fue presentada la acción cautelar por Contesse, el directorio de SQM envió un escueto comunicado de prensa en el cual informó que al día siguiente –jueves 12 de marzo- realizaría una reunión extraordinaria para analizar la petición del Ministerio Público.
Desde muy temprano, se pronosticaba que el directorio sería complejo. A las 14 horas comenzaron a llegar los directores de la firma: Hernán Buchi, Juan Antonio Guzmán, Wolf von Appen y Alejandro Montero. Julio Ponce y Patricio Contesse Fica (hijo del gerente general) lo hicieron a eso de las 9 de la mañana. José María Eyzaguirre y Wayne Brownlee participaron a través de videoconferencia.
Dos horas antes que el directorio comenzara, desde el Servicio de Impuestos Internos se citaba a una conferencia de prensa. Michel Jorratt, director de la entidad, dio a conocer una noticia importante: el servicio había detectado alzas en la evasión tributaria en los últimos años, por lo cual se fortaleció el área de fiscalización, la cual detectó a cerca de 200 contribuyentes con problemas similares a los de Penta. Ante esa situación, el organismo anunció que abriría un periodo de tres meses para autodenuncias, y que quienes se acogieran a este estándar podrían regularizar su situación tributaria y evitar ser denunciados, que fue lo que sucedió a Empresas Penta y sus controladores. De paso y ante la insistencia de la prensa, Jorratt señaló que en la Arista SQM no había detectado información nueva constitutiva de delito y que, hasta el momento, no existían fundamentos para presentar una querella.
Con la información entregada por el SII, la estrategia diseñada por los asesores legales del controlador de SQM tras la audiencia de formalización de Penta, cobraba mayor fuerza y sentido. Si a eso se sumaba la propuesta anunciada por Jorratt, el círculo cerraba.
En el directorio no fue tan fácil imponer el criterio de actuación. Los directores de PCS: José María Eyzaguirre Baeza, Wayne Brownlee y Alejandro Montero, no comulgaron con la idea y plantearon que la compañía tenía que entregar toda la información para que fuera investigada.
Sin embargo, fueron minoría. Ponce, Buchi, von Appen, Guzmán y Contesse Fica, apoyaron la propuesta de pedir un Informe independiente para ver si entregar o no la documentación a la fiscalía. Además se citó a una sesión extraordinaria del directorio para el día Lunes 16 de marzo “para analizar el Informe requerido y resolver acerca de la entrega voluntaria de la información solicitada”, según el comunicado.
El acuerdo terminó con la renuncia de José María Eyzaguirre B. al Comité que se había formado el 26 de Febrero para analizar la situación de la compañía y analizar la lista de proveedores. Dicho Comité fue creado a petición de Julio Ponce a fines de febrero, en una reunión de directorio extraordinaria en la cual algunos directores iban a solicitar la salida de Contesse de la gerencia general.
¿Qué rol jugará la canadiense Potash?
Potash Corporation of Saskatchewan es una empresa canadiense que está hace más de 10 años en SQM y que hasta hace unos años estaba en constante pugna con Julio Ponce por tomar el control de la compañía.
El hecho de que se rige por las normas canadienses, que son muy estrictas en materias de compliance y buenas prácticas corporativas, ha provocado que sus directores en SQM insistan en entregar la información a la compañía.
Cuando se abrió la arista SQM y se conoció la existencia de boletas, la canadiense inmediatamente inició contactos con los directores para presionar al gerente general a que entregara toda la información, de hecho ha trascendido que Wolf von Appen en un inicio habría estado a favor de solicitar todos los antecedentes a la gerencia general. Sin embargo, von Appen, un antiguo amigo de Julio Ponce, habría optado finalmente por sumarse a la estrategia del controlador, quedando los representantes de PCS solos.
Estas próximas horas por tanto serán clave. Si el directorio de este lunes decide mantener la idea de no entregar la documentación, la compañía canadiense podría iniciar acciones legales o de otro tipo para obligar a transparentar la situación, lo cual pondría aún más tensa la situación dentro del directorio.
¿ Por qué es tan importante el directorio de este lunes?
Este lunes es la reunión de directorio de SQM, en la cual se dará a conocer el informe independiente que sugerirá a los directores si deben o no entregar información a la fiscalía.
Si el directorio decide no hacerlo, es probable que eche mano a toda la artillería legal para blindarse. Ante esta determinación, la fiscalía podría allanar las oficinas y solicitar la entrega de la documentación. Sin embargo, la compañía podría optar por ir voluntariamente al Servicios de Impuestos Internos y entregar la documentación, con lo cual se podría bloquear el acceso de la fiscalía. Si esto último sucede, la arista SQM comenzaría a diluirse. De ahí su importancia.
