Este martes comenzó la revisión, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, del proyecto que busca conceder un indulto general por razones humanitarias a quienes han sido imputados por desórdenes en el contexto del estallido social y se mantienen en prisión preventiva.
En su alocución, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, argumentó su rechazo a la iniciativa en que ésta toma una perspectiva errada del derecho internacional de los derechos humanos.
Larraín señaló que para él no se aprecia un nexo causal entre la protección de los derechos humanos y el indulto que se pretende otorgar, toda vez que estos hechos se tratan de delitos comunes y estos no están regulados por el derecho internacional.
"Estamos frente a un proyecto que de un punto de vista juridico, técnico, es improcedente, realmente no es un indulto. El indulto se da para dimitir o conmutar las penas de personas condenadas, aquí se está evitando que personas que están en proceso judicial puedan seguir haciéndolo. Eso no es un indulto, eso es una amnistía disfrazada, yo no sé porque tienen miedo a llamar las cosas por su nombre. Es una cierta discriminación, porque personas que están en la misma situación, de hechos cometidos anteriormente, no tienen ese beneficio, y lo que están haciendo es impedir que haya un juicio y a los legisladores les está ordenado legislar y no juzgar, lo que están haciendo es intervenir procesos judiciales. No es una solución adecuada, correcta, a la luz de nuestros derechos ni tampoco a la luz del derecho internacional de los derechos humanos", sentenció Larraín.
Por otro lado, explicó que "hemos señalado mucho antes de este caso que efectivamente existe hoy día en nuestro país un problema con la prisión preventiva, pero eso es un tema más complejo que no se resuelve interfiriendo con la decisiones judiciales como lo hace este proyecto, sino que estudiando cómo corregimos las prisiones preventivas".
En ese sentido, señaló que "hoy día las personas que están en prisión preventiva, del orden de 14 mil en nuestro país, según estudios, un 40% de ellos cuando terminen sus procesos o van a ser declarados inocentes o van a ser condenados a penas que no merecen penas de privación de libertad y por lo tanto han estado un tiempo indebido, innecesario, privados de libertad que es un derecho muy importante".
Y agregó: "Habrá un margen de error, pero no de esa magnitud, eso es lo que debemos corregir. Esos temas se corrigen con reformas a los proceso judiciales, pero no evitando que personas que hayan cometido y participado en delitos sean objeto de juicio porque eso es realmente favorecer a la impunidad".
