“La política respondió, y dio buenas respuestas, tanto gobierno, como el Congreso”, asegura el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, al entregar un balance de la tramitación de proyectos de ley surgidos tras las manifestaciones del estallido social.
“El balance es positivo, porque a raíz de los hechos ocurridos en octubre la política respondió con mayor velocidad. El gobierno, el congreso, oficialismo y oposición, fueron capaces de ponerse de acuerdo en proyectos que antes demoraban, en promedio, 800 días, y fueron capaces de salir en 90, 100 días de tramitación”, destaca el ministro a T13.cl.
De acuerdo a cifras de la Segpres, hasta antes del 18 de octubre la tramitación de los proyectos de ley despachados durante 2019 tomaba, en promedio, 833 días, siendo la ley que declara como imprescriptibles los delitos sexuales contra menores uno de los que tardó más tiempo: 3.276 días desde su ingreso hasta su despacho, lo que se traduce en casi 9 años.
El análisis del Ejecutivo consideró todos los proyectos de ley despachados entre enero de 2019 hasta el 24 de septiembre de este año, contando los días corridos desde el momento en que fue ingresado el texto hasta el día que culminó su proceso legislativo.
El segundo proyecto de ley que demoró más tiempo en convertirse en una realidad fue la reforma constitucional que permitió el plebiscito de este 25 de octubre, que corresponde a una fusión de textos que dormían en el Congreso y que fueron modificados a partir de la propuesta redactada por la comisión técnica que materializó el acuerdo político suscrito entre oficialismo y oposición el pasado 15 de noviembre.
Esta reforma demoró 3.076 días en concretarse. Sin embargo, tras el 18 de octubre, solo bastaron 62 días para que se aprobara.
En esta misma línea, los proyectos de la agenda social impulsada por el gobierno tras las protestas se aprobaron, en promedio, en 94 días. En tanto, el tiempo de tramitación de los cuerpos legales en general, cayó a 357 días post 18-O (versus 833 días antes de esa fecha).
“El ingreso mínimo garantizado es uno de ellos, el pago a 30 días en las pymes forman parte de proyectos importantes, el evitar el alza de las tarifas en el transporte público fueron proyectos importantes que salieron de manera rápida y expedita”, destacó Monckeberg.
De estos, el proyecto que mostró el trámite más expedido fue el que dejó sin efecto el alza de 30 pesos en el transporte público y que desencadenó las evasiones masivas por parte de estudiantes y que precedieron las manifestaciones del 18 de octubre.
Durante este periodo además se aprobó una rebaja de contribuciones para adultos mayores, la reforma al sobregiro de cuentas corrientes (línea de crédito), la ley que impide el envío a Dicom de estudiantes universitarios morosos, el bono que entregó un aporte de 50 mil pesos por carga familiar a sectores de clase media, entre otros.
Y en materia política se aprobó el límite a la reelección de autoridades como parlamentarios y alcaldes, y se redujo el sueldo a los legisladores.
Pensiones e infraestructura crítica: las prioridades pendiente del Ejecutivo
El gobierno ha definido dos temas como prioritarios en la agenda post estallido social. Uno de ellos, la reforma al sistema de pensiones.
"Esta es una reforma que viene discutiéndose desde hace mucho tiempo, pero que tomó un mayor vuelo y mayor fuerza a raíz de las demandas ciudadanas. Y para nosotros es una prioridad y lo queremos sacar adelante, y la invitación a la oposición a que nos pongamos de acuerdo, a no seguir esperando", dice el ministro de la Segpres.
A esto, agrega el Ejecutivo, se suma el proyecto de infraestructura crítica, que permite a personal de las Fuerzas Armadas poder proteger ciertos recintos, sin la necesidad de que rija un Estado de Excepción Constitucional.
Si bien este cuerpo legal fue aprobado por el Senado a inicios de este año, se rechazó en la Cámara de Diputados, por lo que se encuentra radicado en una Comisión Mixta, que busca zanjar las diferencias entre ambas corporaciones.
El pasado 25 de septiembre, los representantes de las FF.AA asistieron a la comisión que revisa el texto legal, donde pidieron establecer una "priorización" de los recintos que serían definidos como parte de la infraestructura crítica.
"En la medida que se empiece a considerar como infraestructura crítica a todo lo que afecte, aunque sea en menor medida, al normal funcionamiento de la sociedad, no hay ejército en el mundo y no hay FF.AA. que sean capaces de cuidarlas con personas en cada una y todas estas instalaciones”, afirmó el comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva.
El proyecto que sí avanzó en materia de orden público fue el que modificó el Código Penal para tipificar acciones "que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios" (conocido como "el que baila pasa") y que además establece sanciones contra el saqueo y las barricadas.
