Por Juan Pablo Figueroa
En agosto de 2011 los industriales pesqueros se sentaron a la mesa junto a los pescadores artesanales, negociaron y acordaron cómo se distribuirían a futuro los recursos marinos de Chile. Era la condición que les puso el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira –hoy formalizado por cohecho en el Caso SQM–, a las grandes empresas pesqueras para que evitaran la licitación de las cuotas. Ese pacto fue el pilar sobre el cual se construyó la nueva Ley de Pesca.
Los pescadores artesanales de la zona austral fueron los más beneficiados con esa repartición. Pasaron de tener un 50% a un 60% de toda la merluza austral que se pesca en las aguas frente a las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes. Y al mismo tiempo, su porción de congrio dorado pasó del 20% al 50%. Una concesión que vino de las empresas industriales que operan en esa macrozona, la mayoría agrupada en la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral (FIPES).
El acuerdo fue defendido por representantes de FIPES y parlamentarios de la zona en todas las intervenciones que hicieron en el Congreso durante la tramitación de la Ley de Pesca. A pesar de eso, casi a último momento, cuando el proyecto estaba en comisión mixta, el gobierno ingresó una indicación que fue aprobada y que a la larga, permitiría a las grandes pesqueras del sur sortear el pacto alcanzado con los pescadores artesanales y hacerse de hasta el 100% de las cuotas de captura de las principales pesquerías en el mar austral.
Se trata del artículo 55 N) de la actual Ley de Pesca. La norma permite que pescadores artesanales de todo el país transfieran total o parcialmente la cuota anual que se les asignó a empresas industriales. Lo pueden hacer por tres años seguidos, aunque con un límite: la suma de las toneladas cedidas en todo ese período no puede superar el 50% de lo que se les permitió pescar en total. Por ejemplo, si un sindicato de pescadores artesanales posee una cuota de captura que en un trienio suma 300 toneladas de un determinado pez (jurel, sardina, anchoveta, merluza u otro), en ese período podrá transferir a la industria un máximo de 150 toneladas.
Pero la indicación que el gobierno de Sebastián Piñera presentó en diciembre de 2012 fijó una excepción: el límite no corre para los pescadores artesanales de merluza austral y congrio dorado, especies consideradas por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) como sobreexplotada y en estado de colapso, respectivamente. En otras palabras, pueden transar con las grandes pesqueras el total de su cuota si así lo quieren.
Y lo han hecho.
T13 revisó y cruzó la información disponible en la Subpesca sobre las transferencias de cuota que los pescadores artesanales han realizado durante los últimos años hacia los industriales de la zona austral. El resultado da cuenta de miles de toneladas de recursos marinos que han sido traspasadas a las grandes pesqueras, todas asociadas a FIPES. Lo anterior se ha traducido en decenas de naves artesanales que dejan de salir a pescar por decisión de los dueños de las cuotas y de cientos de pescadores que trabajan con ellos y quedan sin trabajo.
Los datos cobran relevancia luego de que un reportaje de Informe Especial revelara las gestiones de FIPES para financiar a organizaciones de pescadores artesanales y campañas políticas mientras se discutía la Ley de Pesca. Los antecedentes ya son investigados por el Ministerio Público.
La indicación que benefició a los industriales del sur fue aprobada por unanimidad por ocho de los 10 parlamentarios que integraban esa comisión mixta a fines de 2012. Los otros dos no asistieron el día que se votó.
El senador independiente por la Región de Aysén, Antonio Horvath, presidía la comisión. El mismo que en distintas instancias del proceso legislativo registró como su asesora a Valeria Carvajal, gerente general de FIPES. También estaba el diputado Matías Walker (DC), hermano del senador por la misma zona, Patricio Walker. Este último solicitó a FIPES financiamiento para la campaña del actual diputado y ex dirigente social de los pescadores artesanales de Aysén, Iván Fuentes, independiente pro DC.
Los otros que apoyaron la indicación fueron los senadores Víctor Pérez (UDI), Fulvio Rossi (PS) y Hossain Sabag (DC), además de los diputados Frank Sauerbaum (RN), Cristian Campos (PPD) y Jorge Ulloa (UDI).
T13 intentó sin éxito contactar a Matías y Patricio Walker, así como a Iván Fuentes y al subsecretario de Pesca de la época, Pablo Galilea.
Horvath, en tanto, consultado por T13, señaló que en efecto votó a favor, pero que la indicación no fue solicitada por la industria, sino que por los mismos pescadores artesanales asociados en el Consejo Regional de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén (Corfapa), entidad gremial que por entonces encabezaban Iván Fuentes y Misael Ruiz y que, hoy se sabe, recibía fondos de FIPES.
TRASPASOS DE CUOTAS
En 2013, el año que la polémica nueva Ley de Pesca entró en vigencia, los industriales pesqueros asociados en FIPES absorbieron casi 6.000 toneladas de merluza austral que estaban reservadas exclusivamente para el sector artesanal. Eso equivalía al 57,2% de la cuota total que se les asignó para ese año a todos los pescadores artesanales que operan desde Puerto Montt hacia el sur. Muchos sindicatos y agrupaciones de pescadores cedieron la totalidad de su cuota, y lo han seguido haciendo en los años que siguieron.
Eso ocurrió, por ejemplo, con los nueve sindicatos de la XI Región que traspasaron en septiembre de 2013 a Pesquera Sur Austral S.A. el 100% de su cuota para ese año (ver resolución). Lo mismo hicieron un año después otros 23 sindicatos con la misma empresa.
T13 contactó a algunos dirigentes artesanales, quienes señalaron que se han visto obligados a vender sus cuotas por la mala situación actual de la pesca, sobre todo de la merluza austral. Desde hace al menos seis años que la especie se encuentra sobreexplotada, lo que ha implicado una baja en el volumen disponible para pescar. Si en 2010 se permitió un máximo de captura de 26.000 toneladas, este año el límite apenas supera las 16.200.
Los dirigentes señalan que con las condiciones actuales, los costos de salir a pescar terminan siendo más altos que las posibles ganancias, por lo que el negocio deja de ser rentable y no queda más opción que traspasar su cuota. Acusan que el escenario es responsabilidad de un mercado altamente concentrado dominado por los industriales pesqueros.
"Como la actividad está de capa caída, la cesión de cuotas al sector industrial no es lo más óptimo, pero sí un mal necesario. Esto ha resultado muy atractivo para la industria porque abulta su cuota de captura. Es algo que ellos mismos han provocado, porque son los que manejan el mercado”, dice José Bautista Díaz, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales Frutos de Dios, de Puerto Cisnes.
Desde 2013, los artesanales han transferido en total 13.170 toneladas de merluza austral a la industria en función del artículo 55 N) de la nueva ley. No siempre ha sido lo mismo. En 2015, lo que se traspasó fue el 26% de lo que tenían autorizado pescar. Y en lo que va de 2016, cuatro empresas industriales han absorbido un tercio de la cuota artesanal de esa pesquería.
LAS EMPRESAS DE FIPES
El factor común tras las 75 transferencias registradas en los últimos cuatro años está en las empresas que se han beneficiado del artículo que se incluyó en la ley: todas están vinculadas directa o indirectamente a FIPES.
Según el sitio web de la asociación gremial, sólo son tres sus empresas asociadas: Friosur, el brazo pesquero del Grupo Del Río; Emdepes, de capitales japoneses (Grupo Nissui); y Pesca Chile, que hasta 2014 operó como filial de la española Pescanova, hoy quebrada. Pero detrás de esas firmas hay una serie de empresas relacionadas y filiales que no aparecen vinculadas oficialmente a la agrupación de empresas industriales.
La primera transferencia que figura en los registros de la Subpesca fue en 2012, por casi 104 toneladas de merluza austral que los artesanales cedieron para que se repartieran las cuatro grandes firmas que dominaban la pesca industrial en el extremo sur de Chile: Emdepes; PesqueraGrimar y Pesquera Sur Austral, ambas relacionadas a Friosur; y Pesca Chile. En sólo dos años esas cuatro empresas se repartirían un cuarto de toda la merluza austral que ha traspasado el sector artesanal a la industria en cuatro años.
Actualmente, el Grupo Del Río domina casi toda la actividad pesquera industrial en la macrozona austral, a través de las pesqueras Grimar y Sur Austral, Deris y –desde que adquirió el control de sus activos tras su quiebra– de Pesca Chile. Por medio de esas empresas ha obtenido al menos 8.290 toneladas de merluza austral provenientes del sector artesanal, concentrando como grupo más del 63% de las cuotas traspasadas a la industria en los últimos años.
