Son 615 las personas que la fiscalía incluyó en la nómina de testigos que busca considerar en el marco del juicio oral del Caso SQM, donde se buscará condenar a 16 personas por cargos que van desde la emisión o facilitación de boletas ideológicamente falsas hasta el cohecho.
Es por este último cargo que el Ministerio Público acusa al ex senador y ex ministro Pablo Longueira, para quien solicitan una pena de 818 días de presidio menor en su grado medio, además de la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años. Esto se suma a otros 818 días por delitos tributarios.
Y es que según la acusación presentada este lunes, la serie de pagos efectuados por SQM a cercanos a Longueira por trabajos "inexistentes" entre los años 2007 y 2013 lo "condicionaron" en su actuar "en pos de los intereses" de la minera, a través de gestiones que realizó como parlamentario, ministro o líder dentro de su conglomerado, "ejerciendo influencias y actuando con infracción a los deberes del cargo" durante la tramitación de la ley del royalty a la minería. Una normativa donde -acusa la fiscalía- el también ex candidato presidencial habría actuado "en favor" de la minera no metálica, por instrucciones de Patricio Contesse, para quien se piden más de 7 años de presidio.
El cómo se redactó esta norma es uno de los puntos que busca abordar el Ministerio Público durante el juicio oral. Y es por ello que solicita citar a declarar como testigo al Presidente Sebastián Piñera, quien se desempeñaba como máxima autoridad del país en el periodo que se tramitó la ley del royalty.
Según explica el documento de acusación, se busca abordar en su comparecencia "los antecedentes previos, coetáneas y posteriores a la incorporación del artículo transitorio incorporado al mensaje presidencial y demás circunstancias materia de la investigación".
Como parte de esta misma arista del caso, el equipo del fiscal Gómez busca la declaración del ex ministro de Minería, Laucence Golborne, y el ex subsecretario del área, Pablo Wagner (quien espera su condena en el marco del Caso Penta tras la aprobación del juicio abreviado en su contra). A este último, además, se le consultará por su nexo con Carolina de la Cerda, a quien le solicitó emitir boletas a SQM "sin contraprestación alguna".
También se pide que declare el ex titular de la Segpres y actual jefe de asesores del "segundo piso", Cristián Larroulet, "acerca del procedimiento de gestación, desarrollo y redacción que dio lugar al mensaje de la ley del Royalty, sobre la redacción del mensaje en general y sobre la incorporación al texto del artículo cuarto transitorio en particular".
Junto con esto, se le busca consultar "sobre el reconocimiento de correos que recibe y envía sobre la materia, sobre la intervención de Pablo Longueira en la incorporación del artículo cuarto transitorio, sobre el origen de dicha redacción y sobre las demás circunstancias materia de la investigación".
Adicionalmente, los fiscales buscan obtener la versión de parlamentarios sobre el rol de Longueira en la tramitación de la normativa. Para estos efectos, figuran entre los citados los integrantes de las comisiones de Hacienda Ricardo Lagos Weber y la entonces senadora Evelyn Matthei. Desde la Cámara, se pide el testimonio como testigos de Gabriel Boric y el ex legislador DC Ricardo Rincón.
La pertinencia -y eventual confirmación- de la declaración de Piñera u otros nombres propuestos por la fiscalía se abordará en la preparación del juicio oral.
Fiscalía pide testimonio de Peñailillo y Martelli
Fue el 23 de junio del año pasado que el autodenominado "operador político" Giorgio Martelli fue condenado a una pena remitida de 800 días, tras ser declarado culpable de delitos tributarios por los pagos irregulares realizados por SQM Salar a la firma Asesorías y Negocios.
A más de un año de esto, el Ministerio Público incluyó al geógrafo en la nómina de testigos del caso. Los fiscales buscan que declare en el juicio respecto de los pagos de SQM a su empresa, así como de su relación con el ex gerente de la minera, Patricio Contesse, y con el ex ministro de Interior de Bachelet, Rodrigo Peñailillo.
Peñailillo también forma parte de los testigos propuestos para el juicio oral. La fiscalía busca preguntarle sobre la emisión y facilitación de facturas de la firma de Martelli a SQM y el "destino final" de los dineros. Además, se le requiere para abordar "las intervenciones por la acciones tomadas por el SII". Esto a raíz de las acusaciones del ex director del organismo, Michel Jorratt, quien en su momento aseguró que el entonces ministro le había pedido sacar "si era necesario con camiones" la información de la minera.
Como parte de esta arista, los fiscales piden la declaración como testigos del propio Jorratt y del empresario Jorge Rosenbluth.
