La Asociación Nacional de Magistrados y la Asociación de Fiscales presentaron, este martes, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile por la exclusión que sufrieron, en 2016 del reajuste del sector público, que congela sus remuneraciones.
“Resulta peligroso que no existan parámetros objetivos para la fijación y exclusión de tales ajustes, como que estén sujetos a la contingencia política”, dice un comunicado emitido por ambas entidades.
La presentación ante el organismo internacional se fundamenta, explicaron los denunciantes, en que creen que la omisión en el reajuste constituye un mecanismo de presión que atenta contra la independencia de magistrados y la autonomía de los persecutores.
La acción fue presentada en Washington, en la sede de la comisión, por la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados Soledad Piñeiro y su par de los fiscales del Ministerio Público Claudio Uribe, acompañados del abogado Ciro Colombara.
Si bien el congelamiento del reajuste que fue decretado en 2016 no es permanente, los gremios recurrieron a diferentes tribunales del país para cambiar la decisión, antes de denunciar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
