El diputado Joaquín Lavín León (UDI), se refirió a la polémica en torno al ingreso de su esposa, Cathy Barriga, a la plataforma de creación de contenido para adultos OnFayer, esto en el marco de su arresto domiciliario en el marco de la investigación en su contra por fraude al fisco durante su periodo como alcaldesa de Maipú.
En conversación exclusiva con T13, el parlamentario aseguró que su pareja "lleva ya diez meses cumpliendo una medida cautelar, y lo que está haciendo hoy no incumple para nada con el propósito de esa medida".
"Ella está siendo investigada, a mi juicio, de una manera completamente injusta, le inventaron un delito, y la han tenido amarrada, maniatada", añadió.
"Hace años no ha podido trabajar, por lo tanto, ella ha decidido trabajar para obtener algún ingreso", advirtió Lavín León, añadiendo que "necesitaba trabajar y, evidentemente, yo estoy muy orgulloso de ella y valoro lo que hace".
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Respecto a si este tipo de acciones desprestigia a la UDI, el diputado aseguró que "a mí me importa lo que pase con ella, con lo que está viviendo ella, que es una situación muy injusta, y ninguna de las personas que está aquí sería capaz de vivir una situación así, una acusación tan injusta con tanta presión mediática".
"Ella es fuerte y valiente, y va a salir muy bien adelante de todo esto", cerró.
El proyecto de ley que busca limitar uso de plataformas para adultos en arrestos domiciliarios:
Cabe señalar que, producto de los casos de Barriga y de la excandidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi a plataformas para adultos, la bancada de diputadas y diputados de Demócratas presentó un proyecto para limitar el uso de estas plataformas para personas que estén con arresto domiciliario.
El objetivo de la norma, dicen los diputados impulsores, es evitar que los imputados sujetos a la cautelar de reclusión parcial domiciliaria puedan utilizar libremente las redes sociales con el fin de beneficiarse económicamente o afectar el desarrollo de la investigación penal.
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“Se entenderá quebrantada la cautelar establecida en el presente artículo cuando a través de publicaciones, comunicaciones o actos en redes sociales o medios tecnológicos, el formalizado se comunique u obtenga beneficio pecuniario para sí o para un tercero, o mejore su posición social o comunicacional, o ponga en riesgo la investigación. En casos calificados, el juez podrá autorizar al formalizado las comunicaciones a que se refiere este inciso siempre que no sean permanentes ni signifiquen un impedimento o riesgo en el desarrollo de la investigación, o cuando a criterio del Ministerio Público afecten el espíritu de la medida cautelar impuesta”, dice la propuesta de artículo.
Los representantes del Partido Demócratas argumentan que este tipo de actividades no se podrían desarrollar al interior de los recintos penitenciarios, por lo que tampoco se debería poder hacer desde el domicilio.
“Que la figura del arresto domiciliario se distorsiona toda vez que permite a los imputados que se benefician de ella del desarrollo de actividades remuneradas, las cuales en las mismas circunstancias y no habiéndose concedido la cautelar alternativa, no tendría procedencia alguna y significa incluso, en algunos casos, la comisión de nuevos ilícitos penales”, argumentan los impulsores.
