La Inmobiliaria San Valentino presentó una demanda ante el 19° Juzgado Civil de Santiago para que se ordene al Conservador de Bienes Raíces a inscribir la compraventa de la ex clínica Sierra Bella, que iba a ser adquirida por la Municipalidad de Santiago, pero que fue objetada por la Contraloría General de la República.
Si bien en enero de este 2023 se firmó el contrato de compraventa entre el municipio y la empresa propietaria de la exclínica Sierra Bella, que pretendía convertirse en la primera clínica municipal del país, el Conservador de Bienes Raíces rechazó la inscripción por la diferencia que había entre el precio que se iba a pagar por la propiedad y el avalúo fiscal de la misma.
En su rechazo la entidad también detectó un error formal en la inscripción, ya que no estaba el RUT de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, la representante legal del municipio.
Recordemos que la Contraloría General de la Republica objetó la compra de la ex clínica Sierra Bella porque consideró que se estaba pagando un precio injustificado por el inmueble, lo que desencadenó también una investigación judicial.
El ente fiscalizador consideró que no se fundamentaba el pago de cerca de 8.200 millones de pesos por la propiedad cuyo avalúo fiscal era de 1.940 millones de pesos.
La alcaldesa Hassler decidió no seguir adelante con la compra del inmueble, pidió la renuncia a dos funcionarios por la caso, y además anunció acciones legales contra los tasadores de la propiedad.
Dueño de ex Clínica Sierra Bella aseguró que Hassler "llevó personalmente la negociación" de la compra
Precisamente, la Contraloría también advirtió que las tasaciones encargadas presentan inconsistencias: falencias en el lote tasado, falta de información, falta de justificación de valores y ausencia de trazabilidad y verificación de terrenos utilizados como referencias, entre otros aspectos.
La demanda de la San Valentino busca que se ordene al Conservador de Bienes Raíces a inscribir la propiedad. Si el tribunal acoge esto, la Municipalidad de Santiago se vería obligada a pagar el precio acordado de 8.200 millones de pesos.
