Un grupo de senadoras y senadores de oposición presentaron, este miércoles, un proyecto de ley que busca otorgarle un indulto a quienes hayan sido detenidos y detenidas en el marco de las manifestaciones sociales que surgieron en nuestro país en octubre de 2019.
La normativa firmada por las senadoras Isabel Allende, Yasna Provoste, Adriana Muñoz y los senadores Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro busca conceder indulto a todos quienes estén imputados por hechos delictivos, relacionados con la protesta social, y que actualmente estén en calidad de autores, cómplices o encubridores de distintas infracciones.
En el proyecto, que deberá ser revisado por el Congreso, los parlamentarios aseguran que los eventuales hechos delictivitos sucedieron en un “marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos” y que la mayoría de los imputados son “jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos”.
“El presente proyecto de ley se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los Derechos Humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de Derechos Humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social, iniciado en octubre de 2019”, dice el proyecto.
“Según el Ministerio de Justicia, 28.210 personas fueron detenidas durante el período comprendido entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre de 2019. El Ministerio Público informó que a octubre de 2020, como consecuencia de detenciones practicadas en el contexto del estallido había formalizado a 5.084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva, y 725 habían sido condenadas, principalmente por desórdenes -categoría muy amplia cuya persecución ha significado la criminalización de la protesta-, y robo o daño a la propiedad”, agrega.
Los senadores y senadoras firmantes aseguran, además, que ha habido vulneración de las garantía judiciales de algunos de los detenidos en el marco de la protestas social, a partir de 7 de octubre de 2019, que es la fecha que plantean los parlamentarios para fijar el indulto.
“Entre los ejemplos más característicos que constituyen una prueba irrefutable de la ocurrencia de infracción a las garantías judiciales y de la utilización de prueba ilícita, es la reciente absolución el día 3 de noviembre del presente año, de los imputados por el incendio de la estación de Metro Pedreros, quienes fueron víctimas de un presunto montaje policial destinado a usar pruebas producidas ilícitamente de las cuales el Ministerio Público ha hecho uso irresponsable para mantener a los imputados en prisión preventiva, en este caso durante más de un año, entre ellos a un menor de 16 años”, dice la normativa.
“Los hechos imputados a los y las beneficiarias por el presente proyecto de ley, acaecieron en un contexto excepcional desde el retorno a la democracia, que se caracterizó por violaciones graves y masivas a los Derechos Humanos por parte de fuerzas policiales y militares, por lo que algunas de sus conductas pueden encuadrarse dentro de conceptos tales como el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social, así como el derecho a la legítima autodefensa frente a las agresiones masivas y graves del Estado y sus funcionarios contra la población civil”, añade.
