Este viernes a las 14.30 comienza la tramitación en el Congreso del proyecto de ingreso mínimo garantizado que implica un aporte directo al trabajador desde el Fisco, e involucra recursos por US$ 306 millones.
En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados inicia su discusión y para la ocasión fueron invitados los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; de Trabajo, María José Zaldívar y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.
La iniciativa que ingresó ayer al Parlamento con urgencia simple busca complementar la remuneración de aquellos trabajadores que sea inferior a $370.000 brutos y que integren un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles, es decir los más vulnerables del país.
De acuerdo con estimaciones entregadas por la Subsecretaría de Evaluación Social este beneficio no alcanzaría los $300.000 líquidos en ninguno de los tramos. En término de complemento el mayor, estimado en $49.000, se realiza a quienes perciben el sueldo mínimo bruto de $301.000.
Tanto en la oposición como en el oficialismo se ha hecho ver que dicha iniciativa podría ser perfectible. La primera en hacer notar esto, fue la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien en el comité político propuso limitar el beneficio sólo para aquellos trabajadores contratados en empresas medianas y pequeñas, excluyendo a las grandes y elevar el monto.
La presidenta de la comisión, Gael Yeomanns, ya manifestó su oposición al proyecto"tal y como lo propone el gobierno". La parlamentaria CS confirmó que no está de acuerdo con que se incorpore a las grandes empresas.
En tanto, el parlamentario RN, miembro de la comisión, Alejandro Santana, menciona que la posibilidad de realizar perfeccionamientos a la iniciativa será parte del debate y que se buscará que "el monto se aproxime a un valor líquido, y por eso quienes tengan características de empresas grandes o con rentabilidad alta, tengan la obligación de cumplir directamente con el objetivo del salario mínimo garantizado".
En esa línea aclaró que "estoy de acuerdo que para focalizar bien, las empresas grandes deben ser más generosas con sus trabajadores, con más responsabilidad social".
En una postura absolutamente contraria con la propuesta del ejecutivo está el diputado PPD, Tucapel Jiménez, quien no comparte el rol subsidiario del Estado hacia las empresas. Aclaró que si bien cree "profundamente" en que el Estado debe jugar un rol preponderante en la seguridad social, también considera que el sector privado debe cumplir un rol social bajo una estricta regulación.
"Ya nos pasó con el paro de los trabajadores portuarios que fue por $ 3.000 de colación y el Estado tuvo que aparecer poniendo los $ 3.000 subsidiando a la empresa privada", recordó a modo de ejemplo del papel que no debe cumplir el Estado.
Si bien, advirtió que "será muy difícil votar en contra" de la iniciativa hizo ver que el Ejecutivo está "equivocando el camino". Esto, porque el debate a su juicio debe darse en elevar el sueldo mínimo, estableciendo gradualidad para aquellas empresa de menor tamaño.
Más en línea con la propuesta del gobierno está el diputado UDI, Patricio Melero, quien reafirmó que el proyecto es "urgente y necesario con el fin de mejorar el ingreso de miles de chilenos, sin afectar los costos de las Pymes que los pagan". Y desestimó la necesidad de introducirle modificaciones.
