El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que no admitirán que existan fundaciones como Democracia Viva que no respeten los fines para los que se constituyeron, luego que la cartera que él encabeza solicitara la disolución de la corporación cuestionada por convenios irregulares con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
El Ministerio de Justicia recopiló antecedentes en el Servicio de Registro Civil e Identificación de la Municipalidad de Ñuñoa y con la propia corporación, y solicitó al Consejo de Defensa del Estado que recurra ante los tribunales civiles para que se disuelva Democracia Viva porque se detectaron "diversas faltas" de carácter legal.
Ministerio de Justicia pide la disolución de la Fundación Democracia Viva
“Democracia Viva tiene una serie de incumplimientos en relación a su objeto social, pero en segundo lugar al fin al cual está destinada. En otros términos, una entidad sin fines de lucro que ha realizado actividades con otros fines. Eso tiene que ver con la forma y modo que se gestionaban los recursos al interior de ella”, acusó el ministro Cordero.
La autoridad aseguró que esta situación hace que se desnaturalice el objeto para el cual las fundaciones fueron constituidas.
“El estándar establecido en ese oficio es el estándar que el Ministerio de Justicia se va a encargar de resguardar para cualquier entidad sin fines de lucro que se distraiga del objetivo central para el que han sido constituidas y que la ley autorice a constituir”, explicó Cordero.
“No es admisible que una entidad sin fines de lucro se utilice como medio de consultoría para otro tipo de fines”, añadió.
La Fundación Democracia Viva
El Caso Democracia Viva saltó a la luz luego que se conociera el convenio al que suscribió con la Seremi de Vivienda de Antofagasta cuando ambas instituciones eran lideradas por militantes de Revolución Democrática (RD) y cercanos a la diputada del partido Catalina Pérez.
Daniel Andrade, representante legal de la fundación era el pololo de la parlamentaria, y Carlos Contreras era seremi en aquel momento y había sido jefe de gabinete de Pérez.
Por el convenio, el Ministerio de Vivienda le entregó 426 millones de pesos a la fundación que no tenía expertiz en el tema y, posteriormente que el caso se dio a conocer, se pidió la devolución de los fondos.
Tras la revisión legal realizada por el Ministerio de Justicia se concluyó que Democracia Viva tenía “numerosos incumplimientos estatutarios detectados durante la fiscalización, que importan una infracción grave a sus estatutos”.
“Por la imposibilidad de desarrollar su objeto social, lo que hace inviable su existencia en la vida del derecho, ya que sus infracciones son de tal magnitud que no es posible corregirlas y su objeto, adolece de reparos que no es factible modificarlo sin que la entidad devenga en otra totalmente distinta”, explicaron desde Justicia.
