El gobierno cerró la puerta a una eventual reposición de la pena de muerte en Chile. Un debate que ha reflotado a raíz de los casos de Tomás Bravo -cuyo cuerpo fue encontrado tras estar desaparecido- y de los menores Ian y Tamara, ambos fallecidos por disparos durante encerronas en la capital.
"Exigimos que reinstale en el Congreso la discusión de la pena de muerte, eso es lo que quiere el pueblo", fue el llamado que realizó este lunes Raúl Moya, padre de Tamara, tras reunirse con autoridades de gobierno en La Moneda. Un llamado que generó el respaldo de la diputada Pamela Jiles, quien sin embargo borró la publicación tras una serie de críticas.
Este martes fueron varias las autoridades de gobierno que se refirieron al tema. Uno de ellos el ministro vocero, Jaime Bellolio, quien remarcó: "Los tratados internacionales de los cuales Chile es parte establecen que, una vez abolida la pena de muerte, no se puede volver a establecer y por tanto hoy sería incompatible, salvo que alguien sugiriera salir del pacto de San José, cuestión que nosotros creemos que es muy importante para nuestro país, para proteger la dignidad humana y los Derechos Humanos siempre”.
En tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, planteó que si bien las palabras de los padres de Tamara "vienen desde el sufrimiento", tomó distancia de una medida como esa.
En este sentido, afirmó que "las penas siempre llegan una vez que el delito se ha cometido y el foco debería estar en que esos delitos no se cometan".
El polémico giro de Pamela Jiles frente a la pena de muerte
La pena de muerte fue derogada en Chile en 2001 luego de un debate de más de 11 años, en que se puso término a una sanción que -en la práctica- había sido desestimada tras el retorno a la democracia. De hecho, la última ejecución ocurrió en 1985 a los "psicópatas de Viña del mar".
Y es que la pena de muerte es una medida que va a la baja. De acuerdo a cifras de Amnistía Internacional hasta finales del 2018 un total de 106 países habían abolido esta sanción para todo tipo de delitos. En tanto, países donde la medida sigue vigente han disminuido de manera considerable su aplicación: en Irán, por ejemplo, cayeron de 507 a 253 en ese año.
