El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, expresó este lunes que el gobierno determinó poner suma urgencia al proyecto que aumenta las sanciones en casos de colución con penas de cinco hasta 10 años y un día, además de endurecer las multas.
La medida fue comunicada durante una actividad en la que el Servicio Nacional del Consumidor anunció una mediación colectiva contra de las empresas papeleras que durante 10 años se pusieron de acuerdo para subir el precio de sus productos y controlar las cuotas de mercado. El objetivo es conseguir compensaciones para los clientes.
Con la suma urgencia, el proyecto que fortalece el sistema de la libre competencia tendrá que ser despachado en un plazo de 15 días por la Cámara de Diputados, entidad donde ingresó en marzo de este año.
A siete meses del ingreso, el proyecto aún no sortea su primer trámite legislativo. El pasado 24 de septiembre, la Comisión de Economía terminó de revisar el texto, tras lo cual se envió a la Comisión de Constitución. Sin embargo, esta instancia aún no empieza su revisión.
El presidente (s) de la Cámara, Patricio Vallespín (DC), valoró el anuncio y detalló que "hemos ya adoptado todos los resguardos, pidiéndole al presidente de la comisión de Constitución, para que este mismo jueves comiencen a analizar el Mensaje".
"Sabemos que es un proyecto complejo, pero el trabajo en la comisión de Economía fue exhaustivo y estamos seguros que existe todo el ánimo y la voluntad de llevar pronto este proyecto a Sala", dijo.
Los ejes del proyecto del Gobierno
Tal como te contamos en T13, el proyecto contempla cuatro ejes:
1) Mayores multas
El proyecto del año 2004 fija multas de hasta 30 mil UTA (Unidades tributarias anuales), equivalentes a aproximadamente 25 millones de dólares.
En este contexto, uno de los ejes centrales del proyecto apunta a terminar con la “desproporción” que existe entre el tope de las multas fijadas en la actual normativa y los perjuicios causados.
A modo de ejemplo, en el caso de la colusión de los pollos el TDLC impuso la multa máxima de 25 millones de dólares. Sin embargo, el daño causado se estimaba en 1.500 millones de dólares.
En este contexto, el proyecto del gobierno apunta a pasar a un sistema de multa fija a uno variable, que contempla dos escenarios.
- Un límite máximo de multa del doble de la ganancia obtenida por el infractor o el doble de la pérdida causada a las víctimas.
- Una multa de hasta un 30% del valor de las ventas, multiplicado por el número de años en que se cometió la infracción.
2) Penas de cárcel
Hasta el año 2003 Chile contó con penas de presidio menor en cualquiera de sus grados (de 61 días hasta 5 años) para quienes atentaran contra la libre competencia. Sin embargo, esta sanción nunca se aplicó, entre otras cosas por la falta de una institucionalidad para actuar frente a estos casos.
A más de una década de este cambio, el gobierno propone reponer esta pena a las conductas relacionadas con casos de colusión, recogiendo una serie de mociones ingresadas por parlamentarios de diversos sectores políticos.
En concreto se propone que aquellos ejecutivos que celebren, implementen o ejecuten acuerdos de colusión, así como las personas naturales que los organicen, como directivos de asociaciones o asesores, se establece una pena principal de crimen, es decir, reclusión mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día hasta 10 años).
Junto con esto se propone la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como de director o gerente de empresas del Estado por un plazo de cinco años.
3) Cambios en la delación compensada
La actual normativa contempla un procedimiento de delación compensada, a través del cual un actor que sea parte de la colusión podrá acceder a una exención o reducción de la multa cuando aporte a la FNE antecedentes que permitan acreditar la conducta o determinar responsables.
Lejos de una eventual eliminación del mecanismo, en proyecto señalan que resulta “imprescindible” realizar modificaciones para que este mecanismo funcione “en forma eficaz”.
El texto sostiene que el beneficio debe ser superior a la multa. En caso de las sanciones criminales contenidas en el proyecto, el gobierno consagra conferir este beneficio al primero que aporte antecedentes.
En el caso del resto de los actores de la colusión, el proyecto elimina la restricción de que esta no pueda ser superior al 50% de la mayor multa solicitada para los demás ejecutores que no se hubieran acogido al beneficio que ascienda hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción, si es que éste puede ser claramente determinado por el Tribunal. En caso contrario, la sanción podría llegar al 30% de las ventas del infractor correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado.
4) Otros ejes del texto
Por otro lado, el proyecto contempla mecanismos para mejorar el control de fusiones en el sistema de libre competencia y entrega más capacidad a la Fiscalía Nacional Económica
