Este jueves el Presidente Sebastián Piñera presentará la indicación con que se buscará extender hasta 30 años el plazo de prescripción para delitos sexuales a menores de edad. Una iniciativa que surge en medio del impacto por el abuso y posterior homicidio de Ámbar, una menor de un año y siete meses que se encontraba bajo el cuidado de sus tíos, y en medio del emplazamiento de las víctimas de Karadima para legislar en torno a la materia.
Durante su visita al Congreso el ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que la propuesta de La Moneda ingresará a tramitación legislativa este jueves, o en su defecto en el breve plazo.
"El Presidente ha apurado al máximo ese proyecto, está para su firma y esperamos que se pueda ingresar a la brevedad al Congreso. Y es responder no solo al drama que significa el asesinato tan cruel de Ámbar, sino que poder responder legislativamente ampliando los plazos de prescripción al drama que significa sufrir un abuso sexual, que por lo agresivo que resulta las personas no están en condiciones muchas veces de denunciarlo en los plazos normales", afirmó.
Chadwick afirmó que se optó por un plazo de 30 años por motivos de "prudencia". "El Presidente se ha convencido de que hay que ampliar esos plazos de prescripción a efectos de que la persona, después de que pueda vivir un proceso y esté en convenciones de mayor madurez, serenidad, de haber superado un dolor tan fuerte también tenga la posibilidad de denunciarlo aunque sea después de varios años", dijo.
Consultado sobre el hecho que se haya optado por un plazo de fijo no para siempre, el ministro afirmó que "el Presidente va a dar su fundamento porque pensamos que un plazo de 30 años cubre dos equilibrios que hay que tener: dar todo el plazo necesario para que la persona pueda formarse y tener esa convicción y tener esa fuerza interior para hacer la denuncia, pero creemos que un plazo de 30 años es un plazo importante para hacer ese proceso, pero al mismo tiempo cuidar la certeza jurídica en términos de que (...) la justicia también tiene que ser oportuna".
Uno de los temas que queda por despejar es la técnica legislativa que optará La Moneda, si es que enviarán una indicación sustitutiva o bien si es que respaldarán un proyecto ya existente en torno a la materia.
Según La Tercera, el Ejecutivo se inclinaría por esta segunda alternativa, en un gesto a la oposición. La iniciativa que se reactivaría sería la presentada en 2010 por los entonces senadores Fulvio Rossi y Patricio Walker, y los actuales legisladores Jaime Quintana y Ximena Rincón.
Esta última hizo un llamado a La Moneda a respaldar la iniciativa ingresada hace 8 años, además de elevar las penas y hacer una revisión de los programas y procedimientos para la designación de familias de acogida.
