Flavia Cordella y Pablo Cádiz
Intensas tratativas ha sostenido esta mañana el Gobierno con los parlamentarios de oficialismo y oposición para destrabar la ley corta de gratuidad previo a su votación en el Senado.
La propuesta apunta a introducir mejoras en las becas y el trato para los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Esto luego que "Chile Vamos" amenazara con volver a recurrir al Tribunal Constitucional, acusando que la ley corta mantenía un trato discriminatorio hacia los estudiantes de esas casas de estudio.
Los puntos de la propuesta de acuerdo son los siguientes:
1) Duplicar el monto destinado al fortalecimiento a Universidades Estatales: Recursos se incrementarían de $2.500 millones a $5.000 millones. Esto se financiaría con los recursos de las casas de estudio privadas que -cumpliendo con los requisitos- no se sumarán al sistema.
2) Nueva Alza en Beca Nuevo Milenio 3: Se elevaría el monto destinado a la beca para estudiantes de IP y CFT sin fines de lucro y que tengan más de cuatro años de acreditación.
El monto podría aumentar de $900.000 a $1.050.000 por alumno. Cerca de 55 mil estudiantes de los primeros cinco deciles se podrían ver beneficiados por esa alza.
Este incremento se financiaría con los recursos que no se ocupen de la beca Nuevo Milenio 2, de aquellas instituciones que decidan mantenerse con fines de lucro.
Hay que recordar que la propuesta contempla tres tramos de becas para la educación técnico profesional:
- Beca Nuevo Milenio 1: $600.000, para alumnos de los primeros 7 deciles, de IP y CFT acreditados.
- Beca Nuevo Milenio 2: $850.000 para alumnos de los primeros 5 deciles de CFT e IP sin fines de lucro -o en vías de serlo-, pero con menos de cuatro años de acreditación.
- Nuevo Milenio 3: Se podría incrementar de $900.000 a $1.050.000 mil para alumnos de los primeros cinco deciles pertenecientes a instituciones que tengan más de 4 años de acreditación, sin fines de lucro.
3) Igualar trato: Un tercer punto de las tratativas apunta a que de aquí a tres años se iguale el trato entre las Universidades y los IP y CFT.
La propuesta se ingresará vía indicaciones en los próximos minutos al Senado. Es por esta razón que la sesión de Sala se ha postergado por más de dos horas.
Consultado al respecto, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo que se trata de una propuesta que ya genera consenso al interior de la Nueva Mayoría.
"Si se aprueba esta propuesta, que mayoritariamente ha sido concordada por la Nueva Mayoría los CFT y los IP van a tener acceso a una beca incrementada, muy significativa. No es la gratuidad que originalmente se pensó, especialmente para algunas instituciones que ya tienen una alta acreditación, como el Duoc. Ahí efectivamente el fallo generó un daño, un daño irreparable, porque ahí no va a haber gratuidad. Ahí va a haber es un sistema de becas que se va a acercar mucho a la totalidad del arancel", detalló.
En tanto, desde la oposición no ha habido pronunciamientos en torno a la propuesta, por lo que la incertidumbre sobre un eventual nuevo recurso ante el TC se mantiene.
Previo a la votación, la Presidenta Michelle Bachelet dijo que espera que la gratuidad "sea una realidad lo antes posible".
"Los parlamentarios están trabajando a toda maquina, por eso mi llamado es a que no perdamos el foco de este trabajo. Lo que queremos es que durante el 2016 el máximo de jóvenes pueda estudiar sin el peso de las deudas para ellos y sus familias", dijo.
¿Cómo funcionaría la gratuidad?
La gratuidad para el 2016 será extensiva para los estudiantes pertenecientes a los primeros cinco deciles de menores ingresos -$155.000 por cada integrante del grupo familiar- lo que se traduce en que cerca de 178 mil alumnos que cursen estudios en las universidades elegibles se verían beneficiados.
La ley corta busca entregar gratuidad a las 16 universidades estatales por “derecho propio”, mientras que a las privadas tradicionales (G9) se les exigirían los mismos requisitos que a las privadas que no pertenecen al Cruch: contar con al menos cuatro años de acreditación y no lucrar.
Si bien el proyecto fija “la obligatoriedad de las universidades estatales de garantizar gratuidad a estudiantes", les plantea como requisito alcanzar, mantener o mejorar su acreditación institucional, de acuerdo a los criterios fijados para el resto de los planteles privados.
Son nueve las privadas fuera del Cruch que podrían acceder al beneficio, de las cuales dos ya han confirmado su ingreso (UDP y UCSH). La Alberto Hurtado anunciará hoy si entra. La Finis Terrae, Adventista, Autónoma, Adolfo Ibáñez, Mayor y De Los Andes no han confirmado si se adscribirán a la gratuidad.
Por otro lado, los CFT e IP sin fines de lucro no ingresarán formalmente a la gratuidad, pero recibirían un incremento en las becas, como ya se detalló. Se proyecta que 144 mil estudiantes de la educación técnico profesional recibirán financiamiento en estas condiciones.
