El Gobierno lamentó, la tarde de este miércoles, que el informe de Amnistía Internacional realice "aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial".
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El informe se elaboró en el marco de las movilizaciones sociales de fines de 2019, donde piden que los mandos de Carabineros sean investigados penalmente "por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas" durante las manifestaciones ocurridas en el estallido social.
En ese sentido, el Gobierno reiteró "con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance".
Y agregaron: "La pretendida intencionalidad dista de la labor y planificación de nuestras policías, más allá de actuaciones específicas que deben esclarecerse por las instituciones competentes".
Por otro lado, el Gobierno hace presente que el Informe de Amnistía Internacional "no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en el país y más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas, como sí fue refrendado por los demás informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos".
Adicionalmente, sostienen que "el Informe de AI no recoge el trabajo ya realizado por el Gobierno para la implementación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, ni la labor realizada por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, ni de la Defensoría Penal Pública para fortalecer el resguardo de los derechos humanos".
En cuanto a las recomendaciones que el Informe de Amnistía Internacional realiza al Estado, aseguran que "éstas se refieren de forma similar, aunque más acotada, a las ya efectuadas por los demás organismos de derechos humanos".
Y añaden que revisarán estas recomendaciones, con la misma metodología con la que ha trabajado las realizadas oportunamente por los órganos autónomos de derechos humanos (INDH y Defensoría de la Niñez) y organismos internacionales (ACNUDH, CIDH y HRW).
Por otro lado, señalaron que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregó recientemente un Informe de Avance de Cumplimiento, dado a conocer en el Comité Interministerial de DD.HH. del pasado 03 de septiembre, formalmente remitido a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Tales recomendaciones, que el Gobierno se encuentra implementando, se pueden agrupar en tres líneas de acción:
- Avanzar en una reforma institucional integral en Carabineros de Chile.
- Mejorar la regulación del derecho a reunión pacífica, a través de una discusión vía legal en sede democrática, esto es, en el Congreso.
- Fortalecer el deber de investigar, sancionar y reparar vulneraciones a DD.HH.
- Establecer mayores mecanismos de control interno de la autoridad civil para investigar y sancionar conductas abusivas.
- Promover las investigaciones penales por parte del Ministerio Público.
- Garantizar el acceso oportuno a la justicia civil y penal para todas las personas.
- Reparaciones y apoyo del Estado para las víctimas de vulneraciones a los DD.HH.
