"Nosotros tenemos una posición clara: queremos proteger a los estudiantes y profesores de los hechos de violencia grave y expulsar a los estudiantes que incurran en los actos de violencia", así respondió la ministra de Educación, Marcela Cubillos, tras la votación de la Comisión de Educación del Senado en la que decidió transformar completamente el texto legal del proyecto de Aula Segura en uno diferente.
Asimismo, señaló que los integrantes de la oposición presentes en la Comisión "no se atrevieron a legislar en contra del proyecto que combatía la violencia de los colegios" y señaló que los puntos aprobados durante la jornada "amparan a los estudiantes que incurren en esos actos de violencia".
Efectivamente llegó el momento de definirse y hubo definición: Gobierno defiende expulsión y separación inmediata de estudiantes que lanzan molotov o lanzan bencina a profesores, y la izquierda vota por ampararlos. #AulaSegura
— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) 24 de octubre de 2018
Además, adelantó que este miércoles el ejecutivo renovará la indicación presentada en la sala y señaló que "quienes han condenado los hechos de violencia pongan por escrito lo dicho en el proyecto de ley".
"Nosotros como gobierno vamos a insistir en este proyecto porque tenemos claro de qué lados estamos, del de los estudiantes y de las víctimas", remató la titular de Educación.
Senadora Provoste: "Dotamos con mayores facultades a los directores de colegios"
Con respecto a los cambios aprobados por la Comisión de Educación del Senado referente a sancionar a estudiantes que cometan actos graves, la senadora Yasna Provoste defendió las indicación aprobada argumentando que es importante que cada establecimiento educacional revise sus reglamentos internos.
"Lo que hizo nuestro proyecto de aula democrática y convivencia segura es que efectivamente es la propia comunidad educativa la que mira sus reglamentos internos, la que establece cuáles son las sanciones que va a adoptar frente a determinados hechos que no considera tolerables, así es que por eso le coloca la categoría de graves o gravísimas", enfatizó.
"Lo que nosotros hemos hecho es efectivamente dotar de mayores facultades al director o directora del establecimiento con la facultad clara de la suspensión de manera que ninguna víctima pueda tener que encontrarse nuevamente con aquella persona que está siendo sujeto de una investigación", señaló Provoste.
