El ministro de Justicia, Luis Cordero, lamentó la presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) contra el proyecto de ley que endurece las penas contra quienes cometan delitos económicos, y luego que no fuera considerada por el órgano consideró que sólo tuvo costos para la reputación de los empresarios.
En conversación con radio Universo, Cordero se refirió al téngase presente que llevó la CPC ante el TC sobre el proyecto de ley que establece un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales, para los delitos económicos y también contra el medioambiente.
TC descarta inconstitucionalidad de proyecto sobre delitos económicos que fue cuestionado por empresarios
"Esta es la reforma más importante al Código Penal desde que se dictó, con una asesoría especializada de primer nivel, fueron escuchados todos los interesados, las agencias públicas, el sector privado, y a mí me parece que esta es una decisión, que le corresponde evaluar tanto a la CPC como a la Sofofa, que su presentación sólo implicó costos reputaciones para ellos", dijo el ministro Cordero.
"Creo que el principal costo lo ha asumido el sector privado, y yo lo lamento, porque me parece que en proyectos de esta envergadura, principalmente pensados para impedir que se utilicen conductas ilícitas, para aceptar la competencia en el mercado, me parecía que el sector privado tenía buenas razones para promover una legislación mucho más estricta para quienes infringen la ley, y por esa vía, infringen las reglas elementales de participación en un mercado", añadió.
La propuesta sobre delitos económicos fue aprobada en mayo ampliamente en el Congreso y luego que el TC no detectara ilegalidades podrá convertirse en Ley de la República.
Desde la CPC acusaban que la norma atentaba contra el propio Orden Público Económico al “seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general".
"Esta no es la primera vez que el sistema legal establece mecanismos de responsabilidad dependiendo de la posición del sujeto, y además, particularmente en el caso de los ejecutivos, no es la simple posición en la que se encuentra, sino que dada su posición, la participación activa en el delito”, explicó el ministro Cordero.
“Mirado así, es razonable que usted pueda tener mecanismos agravantes calificados para personas que utilizando esas posiciones jerárquicas, participan activamente de los delitos", añadió.
