"Como es de conocimiento público, el domicilio electoral de un grupo considerable de ciudadanos fue modificado presumiblemente sin su consentimiento". Con esta frase el gobierno resume ante Contraloría el error en el padrón electoral que cambió involuntariamente de domicilio a 467 mil votantes de cara a las elecciones municipales.
Si bien La Moneda se la jugó por una ley exprés para que quienes fueron perjudicados pudieran votar en cualquiera de los dos domicilios en cuestión, finalmente el oficialismo fracasó en su intento por aunar voluntades no sólo en la oposición, sino que también efrentó rechazos en sus propias filas.
Ahora, mediante un texto firmado por el titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, el gobierno solicita realizar sumarios administrativos y determinar responsabilidades a raíz de los "problemas de inconsistencia entre la información que maneja el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Servicio Electoral".
"Hemos tomado la decisión como gobierno de solicitarle al contralor que sea esa institución la que lleve el sumario administrativo en el Registro Civil para determinar lo que ahí ocurrió, los eventuales errores y a partir de ahí la clase de medidas que hay que adoptar", precisó más temprano el ministro vocero de gobierno Marcelo Díaz.
El oficio, al que accedió T13, da cuenta de un mandato amplio al contralor Jorge Bermúdez, para que sea su institución la que adopte las medidas necesarias "para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos que se desempeñan en cualquiera de las entidades bajo su control".
Este es el oficio enviado a Contraloría:
Entre los sindicados como responsables de la crisis figuran el Servel, el Registro Civil, el Ministerio de Justicia y la propia Segrpres.
