El Gobierno de Chile salió este viernes a condenar las amenazas a la fiscal Ximena Chong, quien fue amedrentada hace más de un mes por un grupo de personas que envió cartas a su domicilio. Desde el Ejecutivo consideraron inaceptables estos hechos, luego que el jueves se detuviera a ocho personas involucradas en estos hechos.
“El gobierno tiene un solo discurso; es completamente inaceptable que haya grupos o personas que intenten amenazar a otros, sea cual sea la investidura, y particularmente grave cuando intentan amedrentar a una fiscal”, dijo el vocero de gobierno Jaime Bellolio.
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El secretario de Estado intentó explicar también la frase de Juan Francisco Galli, quien la mañana de este viernes en Cooperativa aseguró que salvo una subametralladora UZI, que es un arma de guerra, el resto de las armas incautadas eran “utensilios” de “no gran importancia”.
“Esto no puede ser comparado con lo del cabo Naín, quien fue asesinado con un arma de guerra. En este caso lo que ha ocurrido es que se ha encontrado un armamento, y lo que ha anunciado el subsecretario Galli es que el gobierno va a presentar una querella por ley de armas que puede significar hasta 15 años de cárcel”, aseguró.
“Es un hecho grave que se haya encontrado este armamento, que es completamente ilegal, así como también que se hagan amenazas. Creemos que no cabe la violencia en la democracia”, agregó.
Las amenazas a la fiscal Chong se produjeron luego de que imputara al carabinero Sebastián Zamora por haber impulsado a un adolescente al río Mapocho desde el Puente Pío Nono, en el marco de una protesta social.
Una de las cartas de amenazas enviadas al domicilio de la funcionaria del Ministerio Público hablada del respeto a las instituciones como Carabineros.
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El vocero Bellolio respondió por qué en la querella presentada por el gobierno a estas ocho personas detenidas no había sido por acusadas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, como si ha ocurrido en otras ocasiones.
“Nos parece que la eficacia misma permite que la ley de control de armas, que tiene altísimas penas que llegan hasta 15 años de cárcel, es una buena medida para facilitar el trabajo de la misma fiscalía”, justificó.
