Gobierno asegura que no existe "ninguna instrucción formal ni informal" para cierre de Punta Peuco
Gobierno asegura que no existe "ninguna instrucción formal ni informal" para cierre de Punta Peuco
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, descartó haber instruido el cierre del penal Punta Peuco, que alberga a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, como había publicado el medio digital ExAnte.
"Voy a ser categórico al respeto: No hay ninguna instrucción formal ni informal para el cierre de Punta Peuco que yo haya dado al director de Gendarmería, así que la información que publica el medio digital no sería correcta”, explicó el subsecretario Gajardo.
El medio informó que Gajardo habría instruido a al director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, para que en marzo comiencen los preparativos para que el cierre de la cárcel ubicada en Til-Til, se concrete en los próximos meses del 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
El mismo medio explicó que los 129 reclusos que están en el penal actualmente serían trasladados al módulo Asistir, del penal Colina 1, donde también cumplen su pena otros condenados por delitos de lesa humanidad, el cual sería remodelado para su ampliación.
“Se han realizado visitas técnicas en prácticamente todos los establecimientos penitenciarios del país (...) estamos evaluando ampliaciones, mejoras en nuestros servicios penitenciarios en todo el país, por lo cual efectivamente se están realizando visitas técnicas, pero le insisto, no he dado ninguna instrucción para el cierre de Punta Peuco al director de Gendarmería", insistió Gajardo.
Chile Vamos considera que eventual cierre de penal Punta Peuco “polariza al país”
La autoridad fue consultada por la prensa si estaba en los planes del Ejecutivo el cierre del penal por la conmemoración del golpe de Estado, pero insistió en su respuesta de que no había instruido al director de Gendarmería.
Recordemos que la mayoría de los presos que están en Punta Peuco son exagentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, y que fueron juzgados con posterioridad.
Desde la oposición cuestionaron este trascendido, e incluso el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, consideraron que una decisión en esta dirección “dividiría al país”.
