La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, volvió a defender el plan piloto “Gas para Chile” que se aplicó en tres comunas del país para intentar hacer llegar el gas licuado a un precio más barato a las familias, pero que tuvo resultados disímiles en cuanto a la conveniencia de su financiamiento.
Ante las críticas de la oposición, desde el gobierno han reconocido que una parte del plan mostró resultados que no eran económicamente sustentable, por lo que ya cambiaron la estrategia, pero recalcaron que en la parte mayorista el Estado puede tener ventajas.
Gobierno por proyecto "Gas a Precio Justo": reconoce que hay ventajas en lo mayorista, pero no en lo minorista
"Aquí se está llevando este debate a una sobreideologización brutal, se está queriendo ocupar este caso específico, cuyo único objetivo ha sido hacernos cargo de entregar mayor competencia en el mercado y por lo tanto, lograr los precios del mercado (…) con desacreditar la importancia de un pacto fiscal, con desacreditar el rol de cualquier empresa del Estado", respondió la ministra Vallejo este lunes.
"El desarrollo del país requiere siempre de la colaboración público-privada y así lo estamos haciendo con el Gas a Precio Justo, con la Estrategia Nacional del Litio y con otras políticas públicas que seguiremos empujando como gobierno", insistió.
La semana pasada la bancada de diputados de la UDI citó al ministro de Energía, Diego Pardow, para que explicara los negativos números que informó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que explicaban que el plan significó un desembolso de 591 millones de pesos, pero $507 millones correspondían solo a la distribución del gas licuado, por el alto costo de los cilindros, que llegó a 117 mil pesos cada uno.
Desde el Ejecutivo explicaron que ENAP informó esta situación en diciembre pasado, cuando acabó el plan piloto que se llevó a cabo en San Fernando, Chiguayante y Quintero, y que ese mismo mes se cambió la estrategia que, en la parte minorista, no era estable financieramente en el tiempo.
La ministra Vallejo dijo “comprender la utilización política” que se está haciendo del tema, pero aseguró que "no puede ser utilizado para echar abajo otras políticas públicas". Además, recordó que durante el Gobierno de Sebastián Piñera, en 2020, se implementó una plataforma centralizada para pagos del Estado que no dio resultados.
"De hecho, se produjeron duplicaciones de pago lo cual significó un costo de 96 mil millones de pesos en pago duplicado a proveedores y cuando la Dipres, que responde al Ministerio de Hacienda, detectó el problema de ello, nadie criticó la implementación de esta política”, acusó.
"Ahí se gastaron 150 veces más de recursos públicos por duplicación de pagos que lo que costó el proyecto piloto", insistió.
