"No tenemos mayor novedad". Fueron al menos 12 veces que la ministra vocera de Gobierno (S) Claudia Pascual dijo esta frase para referirse a la compleja situación que enfrenta el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.
Si bien desde hace meses que parlamentarios vienen su salida, las críticas se intensificaron luego que Ciper Chile revelara los millonarios contratos suscritos entre el Estado y dos empresas fundadas por el ingeniero.
Aunque el funcionario se desprendió de su participación en las firmas, ubicó a personas de confianza, como su esposa. Pese a esto, se revelaron órdenes de compra emitidas a su nombre con posterioridad a los traspasos y que una de las sociedades figura con su residencia como dirección comercial.
La vocera subrogante señaló que "lo que nosotros podemos decir es que nosotros ya nos hemos referido a esto y en tanto a eso no hay mayor novedad".
Consultada sobre la presión -tanto de oficialismo como de oposición- Pascual respondió que "no tenemos mayor novedad frente al tema que anunciar y por tanto los tiempos de decisiones como esta que pueden ser respecto de cualquier funcionario son tiempos que el Ejecutivo determina".
"Entendemos la preocupación de las colectividades, pero les pido un poco de comprensión estamos en momentos en los cuales efectivamente el Ejecutivo en completo no se encuentra en funciones y por lo tanto estamos indudablemente haciendo lo que nos corresponde hacer, pero las decisiones cuando estén tomadas se comunican", agregó Pascual, quien reconoció que durante estos días no ha hablado con la Presidenta Bachelet, quien se encuentra de vacaciones.
Por otro lado Pascual recordó que "ayer fue anunciado por el Ministerio de Salud que se están haciendo las investigaciones respectivas en torno a eso. Cuando estén los resultados se informará". "Se están estudiando los antecedentes", agregó.
Los flancos que complican al administrador de La Moneda, Cristián Riquelme
Polémica por declaraciones de patrimonio
Por otro lado, la ministra vocera subrogante se refirió a la polémica luego que se revelara que al menos 7 secretarios de Estado habían omitido buena parte de su información patrimonial en sus declaraciones.
Si bien el Gobierno atribuyó la situación a un problema computacional, La Tercera informó que fueron las propias autoridades las que optaron por acogerse a una ley que les permite reservar aspectos como los avalúos fiscales de propiedades.
La ministra dio el tema por superado, señalando que "lo importante es que acá hay una marcha blanca, que estamos avanzando en buenas prácticas de información, de transparencia".
"Aquí no hay una obligatoriedad en ley que recién va a ser en junio del 2016 y que ha habido un compromiso por parte de este ejecutivo, de estos ministros, pero además de incorporar a 22 mil funcionario públicos también en estas declaraciones", agregó.
La portavoz del Ejecutivo pidió que "en procesos inéditos en este país que también tengamos la chance de decir que aquí no hubo una mala voluntad, porque efectivamente no la hubo".
"Si no no hubiera habido las declaraciones en tiempo y forma, la Segpres no habría tenido la posibilidad de arreglar esta situación", remarcó.
