El Gobierno de Chile rechazó la declaraciones de la presidenta y el vicepresidente de la Convención Constitucional, quienes pidieron a viva voz, luego de ser electos para esos cargos, la libertad para las personas que están en prisión por delitos relacionados con las protestas sociales que comenzaron en octubre de 2019 en nuestro país.
“La postura del gobierno no es de hoy. Ha sido categórica, clara, desde que se han pretendido iniciativas legales en ese sentido. En Chile no existen presos políticos, nadie está privado de libertad por sus ideas. Están privados de libertad porque el Poder Judicial ha estimado que han cometido graves delitos contra la propiedad, se ha generado daño, delitos de incendio y saqueos”, dijo el ministro de la Segpres, Juan José Ossa.
“En Chile hay democracia y la democracia se caracteriza por la división de poderes del Estado. En ese sentido, inmiscuirse en los poderes del Estado, en particular en la Corte Suprema, no es algo que nos parezca razonable y además abre el camino que uno no sabe dónde termina”, agregó Ossa, acompañado del vocero, Jaime Bellolio, y el jefe de gabinete, Rodrigo Delgado.
Luego de haber sido electa como presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, la líder mapuche dio un discurso de integración, en el que también se refirió a los “presos de la revuelta”, para quienes pidió la libertad.
En la misma línea, el vicepresidente, Jaime Bassa, respaldó el llamado, aunque reconoció que es la manifestación de la corporación y no algo que esté en sus manos.
Jaime Bassa: "Asumimos el compromiso de discutir una declaración por los presos de la revuelta"
Desde el Ejecutivo insistieron en que las personas que están privadas de libertad, algunas en prisión preventiva sin condena por largos meses, han cometido diversos delitos como saqueos, incendios o ataques a la propiedad privada.
En el Congreso, hay un proyecto presentado por la oposición en el Senado, que busca indultar a las personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas sociales, que impulsó a la clase política a acordar un plebiscito para cambiar la Constitución.
