Este viernes, el gobierno confirmó la tramitación de un veto a la reforma laboral, luego del fallo del Tribunal Constitucional que objetó la titularidad sindical y la extensión de beneficios, considerados el "corazón de la reforma".
Según anunció el ministro vocero Marcelo Díaz, si bien desde La Moneda querían implementar una reforma constitucional, este camino no fue posible debido a que no contaban con los votos necesarios en el Congreso (dos tercios).
"Agradecemos la buena disposición de la Nueva Mayoría, el gobierno lamenta la ausencia de voluntad por parte de la oposición", criticó Díaz.
Con el anuncio del veto, que se aplicará contra los pactos de adaptabilidad en materia de jornadas laborales y horas extraordinarias, y contra el nuevo quórum para la negociación, se descarta el ingreso de una ley corta, la que originalmente había sido considerada para complementarlo.
La decisión de revertir estos aspectos ya aprobados en la ley se debe a que ésta -según el gobierno- podría dejar desbalanceada la relación entre los trabajadores y los empleadores, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara la titularidad sindical.
Asimismo, el veto no permitirá la reposición de la titularidad sindical. Pese a ello, el ministro Díaz afirmó que "en opinión del gobierno, la voluntad de los trabajadores debe ser representada exclusivamente por los sindicatos".
"El Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales", sentenció Díaz, que agregó que "a pesar que la reforma no será todo lo que el gobierno impulsó, y que el Congreso aprobó por mayoría, esta sigue siendo el mayor avance en materia de relaciones laborales desde la recuperación de la democracia".
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“El veto incluye eliminar del proyecto de ley tres pactos de adaptabilidad, de aprobarse, quedan dos pactos que son más pequeños en el proyecto”, precisó el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés.
Con esto se da por zanjada la estrategia del gobierno por reforma laboral, que en semanas previas había considerado diversas alternativas: en un primer momento el gobierno había anunciado el veto, aunque junto a una ley corta para adecuar el proyecto. Luego, la semana pasada se abrieron a la posibilidad de una reforma constitucional.
Este lunes el ministro del Interior Mario Fernández pidió unos días para analizar el fallo del Tribunal Constitucional. Junto con ello, sostuvo reuniones con distintos gremios, como la CPC y la CUT, para para abordar el proyecto.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, explicó durante la mañana que “la Presidenta nos pidió explorar todos los caminos para resolver este tema”.
“El gobierno hizo todos los esfuerzos, conversamos con todos los actores”, señaló la ministra esta tarde.
