El gobierno confirmó que aplicará el reglamento que impide que se realicen honores militares para el ex director de la Dina Manuel Contreras, cuando fallezca.
Se trata de un decreto supremo -publicado por T13- el que señala que se rendirá honores fúnebres “al personal de las fuerzas armadas en retiro que haya prestado más de 20 años en servicios, siempre que no haya abandonado las filas en cumplimiento a medidas que le afecten legalmente para recibir honores, o bien, haya sido condenado por sentencia ejecutoriada a pena aflictiva”.
Esta última frase dejaría fuera a Contreras, condenado por más de 500 años por delitos de lesa humanidad y quien se encuentra grave en el Hospital Militar.
Consultado si se cumplirá este reglamento, el vocero de Gobierno Marcelo Díaz respondió: “absolutamente, es un reglamento del año 2006 que establece claramente a quien le corresponden y a quién no honores en caso de fallecimiento"
"Claramente ese reglamento establece que no corresponde respecto de aquel individuo que ha sido condenado a delitos que merezcan pena aflictiva. Y sin duda, en cualquier caso, el gobierno va a aplicar y va a cumplir como corresponde con esas leyes y esos reglamentos”, enfatizó.
Debate por secreto de informe Valech
Consultado sobre el llamado a terminar con el secreto del informe Valech, el ministro Díaz remarcó que "nadie de los que entregó sus testimonios a la comisión Valech está impedido –por el contrario, goza de plena libertad- para entregar los mismos antecedentes a la justicia".
"El punto en cuestión es si los informes propiamente tal se pueden abrir, si se puede liberar la información que consta ahí con carácter de secreto. Nosotros dijimos el día de ayer y lo mantenemos, que tenemos plena disposición a aquello ocurra, pero que por respeto a la dignidad de las personas que padecieron el horror de la tortura y de las cuestiones consignadas en el informe Valech, tenemos que consultar con ellos", explicó
Respecto de las razones por las cuales el gobierno defendió en dos oportunidades el secreto del informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ministro Díaz explicó que "tenemos la obligación legal, una de las condiciones legales que se estableció para que la gente entregara su testimonio fue garantizar la reserva de esa información".
En cuanto a la posibilidad de que el gobierno pudiera crear una figura de incentivos penitenciarios o de otra índole para facilitar la entrega de información sobre causas de Derechos Humanos, Díaz aseguró que “eso no está dentro de los planes del gobierno”.
"El único incentivo que se puede esperar es la conciencia de cada uno de los que han sido parte de estos pactos de silencio (...) Nosotros creemos que la verdad tiene que ser plena y la justicia tiene que ser absoluta”, concluyó.
