"Los delitos contra la democracia deben ser tratados con la misma vara y sin ningún trato preferente".
Así lo afirmó el Presidente Sebastián Piñera al presentar una de las novedades que marcó la firma de los proyectos relacionados a la agenda antiabusos. Se trata de una propuesta que busca elevar de 2 a 5 años la prescripción de los delitos electorales, a fin de homologarlo con otros delitos.
La prescripción de apenas dos años para los delitos electorales fue uno de los temas más polémicos tras la aprobación de la nueva Ley de Transparencia de la Democracia, que surgió a raíz de los casos de irregularidades en el financiamiento de campañas, que tuvieron los casos Penta y SQM como sus más emblemáticos.
Uno de los más críticos en su momento fue el fiscal Carlos Gajardo, quien llevó adelante el caso Penta.
“La regla es que los delitos prescriben en 5 años desde su comisión. Nueva ley de delitos electorales establecería la prescripción en 2 años”, comentó en 2016 tras la promulgación de la normativa.
Entre los delitos electorales se encuentra el superar los límites de financiamiento en una campaña, recibir aportes de empresas -con la nueva ley solo pueden entregar dinero las personas naturales- y el uso de boletas ideológicamente falsas.