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Política

Gobierno apuesta a que nueva ley de pensiones entre en vigencia en abril

Gobierno apuesta a que nueva ley de pensiones entre en vigencia en abril
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Parte de la puesta en escena del anuncio previsional que hizo anoche Sebastián Piñera incluye para este jueves el despliegue de autoridades explicando en detalle la indicación, que debiera ingresar al Congreso a última hora de mañana viernes. La idea del gobierno es que la mejora de las pensiones comience a regir en abril, por lo que la discusión sería inmediata, a partir de la próxima semana. Aquí, los principales flancos que se abren.

Por Paula Comandari 

Pasadas las 21 horas de ayer miércoles el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer su propuesta previsional, cuya puesta en escena se definió hace 10 días: hacerlo por cadena nacional, y con apoyo gráfico, tal como se hizo en la última cuenta pública. 

Se trata de uno de los proyectos más relevantes de la actual administración, sobre todo considerando que según varias encuestas -incluida la CEP publicada esta mañana- mejorar las pensiones es el tema que más preocupa a los chilenos.

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Por lo mismo, la idea del Ejecutivo es discutirlo desde la próxima semana, con la esperanza de llegar a un acuerdo a más tardar la tercera semana de marzo, para que de esa manera, la mejora a las pensiones comience a regir en abril próximo, algo en lo que insistirán en Palacio para presionar a la oposición a llegar a un acuerdo. Resta por saber si estos plazos forzarán una idea que ronda en Palacio: que el Congreso sesione durante el receso de febrero para acelerar la tramitación de la iniciativa.  

Pero el tema es complejo y hay varios frentes que se deberán enfrentar en los próximos días. El más importante: cómo distribuir el 6% de cotización adicional con cargo al empleador, que según parte importante de la oposición debiera ir a un sistema de reparto solidario, que ayude a subir las pensiones hoy, cosa que genera oponentes incluso en parte de este grupo.

Por lo pronto, en la DC, en donde altas fuentes señalan que la mitad de ese porcentaje debiera ir a un fondo colectivo, una cuenta nacional donde se acumule la base, y que permita una mejora de pensiones de las personas que hoy tienen entre 30 y 40 años. La condición: que estos recursos no sean heredables, y que si la persona muere antes de pensionarse, los recursos permanezcan en el fondo.

Este es uno de los puntos que más preocupa al gobierno, porque como afirma la propia ministra del Trabajo, María José Zaldívar, la fórmula de la oposición no se hace cargo de la pensión de sobrevivencia para hijos y cónyuges, cuando uno de los dos muere. “La realidad demográfica hoy es muy distinta, y hay personas de 40 años que recién están teniendo sus primeros hijos a esa edad. Si alguno de los padres muere, con este sistema, no se asegura la pensión para que vivan esos niños, lo que es muy delicado”, explica Zaldivar. 

Por lo mismo, el Ejecutivo insistirá en su propuesta: que un 3% vaya a la cuenta individual, lo que permitiría que en régimen, las pensiones de todos suban un 30%,  y la otra mitad a un programa de ahorro colectivo solidario, que durante los primeros años generará un gasto mayor que la recaudación, porque la tasa de cotización nueva se aumentará gradualmente, con la perspectiva de que en el futuro esa balanza se invierta, periodo durante el cual se acumulará un fondo de reserva que permita asegurar la sustentabilidad de largo plazo del plan, una idea en la que también han puesto foco al interior de la tienda falangista.  

El impuesto de la discordia

En La Moneda saben que deberán negociar en una materia que no está incluida en el proyecto de esta administración: el impuesto a las utilidades de las AFP, crucial para una parte importante de la oposición, en donde han insistido que un 30% de ellas debiera distribuirse en la cuenta de los afiliados.

Aunque saben que esto será parte del debate, en el Ejecutivo recalcarán que si bien el impuesto no está incluido, sí hay exigencias a las AFP, que impactarán fuertemente su negocio, con medidas como la devolución de las comisiones en casos de rentabilidad negativa, exigiéndoles que paguen las cuotas mortuorias, cuando por ejemplo, el saldo de ese fallecido no alcance para pagarla, y de manera que ningún familiar tenga que vivir con la incertidumbre de no tener los recursos pagar un funeral digno; además de medidas como fortalecer la instancia de participación de los afiliados, entregando más facultades a la comisión del usuario. 

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En el Ejecutivo subrayan además que un impuesto generaría una asimetría perversa, porque sólo los afiliados a las AFP recibirían recursos, porque en este proyecto se abre el 10% a entidades sin fines de lucro, que por definición no tienen utilidades, por lo que se “premiaría” bajo esa lógica a las mismas asociaciones, a quienes la oposición intenta poner límites. 

En la vereda de enfrente, sin embargo, afirman que es un tema que van a pelear, sobre todo porque saben que el sistema está deslegitimado, y en ese sentido es relevante hacer gestos en la dirección de frenar el poder de las administradoras.

El poder del ente

Entre los flancos abiertos también se encuentra las facultades que deberá tener el nuevo ente administrador del nuevo 6%, algo que no genera consenso, porque en la oposición quieren que invierta directamente, con mesa de dinero y una gerencia de inversiones, pero en el Ejecutivo han configurado una estructura distinta, donde este órgano subcontrate a gestores de fondos autorizados, y que deberán constituirse para estos efectos. 

Ayer el mandatario propuso una alza inmediata en las pensiones de 850 mil personas: en el caso de los hombres, un beneficio de 2 UF ($ 56 mil pesos) y en el de las mujeres con 2.5 UF ($ 70.800) siempre y cuando hayan cotizado, con o sin lagunas, por un periodo de 12 y 8 años respectivamente. Si bien, la propuesta del Ejecutivo en su origen era entregar este beneficio a personas que hubiese cotizado sin lagunas, durante 15 años, en el caso de los hombre, y por 10 años, en el caso de las mujeres, un tema que estará en tensión es lo que la oposición considera clave: que se amplíe el “premio” a un mayor número de chilenos. 

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