Franco Parisi demanda a su ex pareja para rebajar la pensión alimenticia de sus hijos
El ex candidato presidencial Franco Parisi (PDG) demandó a su ex pareja para poder rebajar la pensión alimenticia de sus hijos.
Según reportó La Tercera, la acción judicial se cursó el pasado 3 de marzo de 2022, ante el Tercer Juzgado de Familia de Santiago.
En el detalle, el ex abanderado presidencial del Partido de la Gente solicita fijar un pago de 9 UTM ($499.833) y afirma que no ha podido cumplir con los más de $2 millones acordados en 2011 debido a una serie de factores económicos.
Corte de Apelaciones acoge recurso de defensa de Parisi por demanda de pensión de alimentos
"Mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones a las que me obligué", señala en el documento presentado, donde además se afirma que en 2016 habría comunicado a la madre dicha situación, acordando -según él- el pago de la colegiatura de los niños cuyo "monto en la actualidad tampoco tengo los medios para cumplir".
De la misma forma, afirmó que sus ingresos mensuales alcanzan cerca de los $2.500 dólares (equivalente a aproximadamente $2 millones de pesos chilenos) y que eso le imposibilita pagar el monto de la pensión, alegando que debe cubrir gastos de vivienda, alimentación, salud y otros gastos de su hijo y de él.
Sobre su ex pareja, afirmó que posee una buena posición económica "con un trabajo como ejecutiva de una de las grandes empresas del país, que le permite tener ingresos millonarios, pudiendo, en consecuencia, contribuir de mucho mejor manera que el suscrito a la manutención de nuestros hijos".
"Mi intención jamás será la de eludir mi rol de padre, ya que pese a la distancia física, siempre he intentado dar todo a mis tres hijos, pero lamentablemente, la madre de mis mellizos no comprende mi real situación económica actual", agregó Parisi en el documento recogido por el citado medio.
Actualmente, Franco Parisi es acusado de parte de la madre de sus hijos y su abogada que desde el 2011 que no paga la pensión alimenticia, la cual fue fijada judicialmente y por la que tiene una orden de arraigo en su contra.