Fue el pasado 27 de julio cuando los diputados del Partido Republicano José Carlos Meza y Cristóbal Urruticoechea denunciaron ante el Ministerio Público el eventual intervencionismo del gobierno ante la entonces campaña constitucional del plebiscito de salida.
Los parlamentarios pedían, en la denuncia enviada, que se indagaran algunos hechos como el “Apruebazo” de Maipú -un evento masivo que convocó a artistas, y unas 12 mil personas, según se reportó en la prensa en ese momento y que contó con la presencia del alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, además de otras figuras como la diputada Karol Cariola (PC) y exconvencionales como Constanza Schonhaut (CS) y Jaime Bassa-; la contratación del grupo musical Illapu por el gobierno regional de Antofagasta y, finalmente, la orden de compra, de parte del gobierno, vía trato directo de 700 mil copias del proyecto de Constitución.
Los diputados, así, cuestionaban estos tres hechos amparados en la ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el mal uso de recursos públicos o citación a reuniones convocadas por autoridades.
“De comprobarse dichos antecedentes estaríamos nuevamente frente a un caso de financiamiento ilegal de la actividad política y, por tanto, una transgresión a las normas sobre propaganda y financiamiento electoral, así como a varios delitos funcionarios contemplados en el Párrafo 5 del Título V del Libro II del Código Penal. A mayor abundamiento delitos base además del lavado de activos de según lo dispone la letra a) del artículo 27 de la Ley Nº 19.913”, se señala en la denuncia.
Así, el 13 de septiembre pasado, desde la brigada investigadora Anticorrupción Metropolitana, se les informó a los diputados que acogían la denuncia. “Junto con saludar, comentar que obra en poder de esta brigada, la orden de investigar emanada de la Fiscalía de Maipú (…) por otros delitos cometidos por empleados públicos en desempeño de sus cargos, a cargo del fiscal Rodrigo Fernández Moraga, iniciada a raíz de la denuncia interpuesta por los diputados Cristóbal Urruticoechea Ríos y José Meza Pereira, (…) por hechos relacionados con la celebración denominada ‘Fiesta del Apruebo o Apruebazo’, desarrollada en la comuna de Maipú, y respecto, a la orden de compra vía trato directo de setecientas mil copias del proyecto de Constitución realizado por el gobierno de Chile”, se lee en la comunicación enviada.
Desde el equipo de abogados de la bancada republicana explican que el delito que se investigaría en este caso es la malversación de caudales públicos.
“Lo que nos informa la fiscalía es que dio trámite a esta denuncia específicamente sobre delitos que podrían ir en la línea de efectuar o realizar propaganda electoral en oportunidad que no corresponde. También eventuales delitos por la participación de funcionarios públicos y también nosotros pedimos que se investigara los recursos con los que se realizaron esa actividad. Si se realizó con recursos públicos, en horario laboral, evidentemente se configurarían varios delitos funcionarios”, afirma a T13.CL el diputado Meza.
El actual jefe de bancada del Partido Republicana critica que, “durante la campaña del plebiscito, no solo el alcalde de Maipú se la jugó fuertemente por el Apruebo sino que en los cierres de campaña estaban todos presidentes de partidos, diputados, senadores, alcaldes, todos arriba. (…) intentaron salvar una campaña y fracasaron rotundamente. Mientras fracasaban descuidaron las cosas para las cuales realmente fueron electos”.
Los diputados se encuentran reuniendo antecedentes e igualmente fueron invitados a declaras.
