La Fiscalía de Antofagasta inició una investigación por el convenio entre la Seremi de Vivienda de la región y la Fundación Democracia Viva, que ha sido cuestionada por la oposición, pero también por el propio Gobierno de Gabriel Boric.
El fiscal jefe de Antofagasta Cristian Aguilar anunció el inicio de la investigación y confirmó que ya se despacharon las primeras diligencias sobre el caso, aunque dijo que no se habían presentado querellas, sino que se trata de una investigación de oficio.
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“Cuando se presenta una querella, se hace al Juzgado de Garantía. El Juzgado de Garantía se pronuncia sobre su legalidad y remite los antecedentes a la fiscalía. Hasta este momento no hemos recibido como fiscalía ninguna querella proveída por los hechos de esta investigación. Si así ocurre, se añadirán a la investigación ya iniciada, y se revisarán la propuesta de diligencia que contenga cada querella, para ver si procede o no lo que soliciten los abogados querellantes”, explicó el fiscal Aguilar.
“Hay varias personas que en medios de comunicación se han referido a estos temas, pero concretamente no tenemos ninguna denuncia, solamente se ha dispuesto una investigación de oficio de la fiscalía y eso es lo que tenemos por ahora”, añadió.
El caso obligó a la diputada Catalina Pérez (RD) a congelar su participación como vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputadas porque su pareja Daniel Andrade está directamente vinculado a la Fundación Democracia Viva y su exjefe de gabinete Carlos Contreras estaba a cargo de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
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El Presidente, Gabriel Boric, cuestionó el millonario traspaso de dinero de la seremi a la fundación vinculada al partido del Frente Amplio y dijo que, como gobierno, “no lo permitirán”.
"Nadie pone las manos al fuego por todo el mundo, la diferencia es cómo reaccionamos ante este tipo de casos y nosotros vamos a reaccionar con mucha firmeza. En nuestro gobierno no lo vamos a permitir", afirmó el mandatario durante una actividad.
"Se exigirá la devolución de los montos asignados que aún no ha sido ejecutados y trabajaremos para modificar los actuales mecanismos de asignación de estos recursos para avanzar en más trasparencia", agregó.
De todos modos, el Ministerio de Vivienda respaldó a la subsecretaria Tatiana Rojas, quien habría tenido conocimiento del caso desde mayo.
