Por Esteban González y Camilo Calderara
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación en contra del jefe de la División de Finanzas y Administración Interna del Ministerio de Salud Patricio Herrera Carazo, por un posible conflicto de interés. El ingeniero habría acordado vía trato directo, en representación del Minsal, con una empresa propiedad de uno de sus socios.
La investigación se abrió luego de una denuncia de la diputada de oposición Marcela Hernando, quien expuso ante el Ministerio Público que Herrera cerró un trato sobre un proyecto de modernización del Compin con Claudio Aldana, con quien es socio fundador de la empresa Etrend SpA, según la plataforma Mercado Público. El contrato equivale a 48 millones de pesos.
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Según los antecedentes entregados por la parlamentaria, en 2019, el jefe de Finanzas del Minsal y Andrea Hidalgo, jefa del Departamento de Finanzas y Presupuesto de la secretaría de gobierno, quien además prestó servicios para Etrend SpA, autorizaron un contrato vía trato directo con Aldana.
“Un funcionario directivo del Ministerio de Salud habría participado en el proceso de contratación por trato directo de un proyecto de modernización del Compin con una persona que a su vez era socio con el mencionado directivo, denunciando un posible conflicto de interés”, dice el oficio firmado por Hernando.
“Tengo entendido que la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el ex ministro de Salud Emilio Santelices son los firmantes de dicho trato directo que fue presentado por tres personas ligadas a Etrend SpA”, agrega.
Según la denuncia, el abogado encargado de elaborar y visar los contratos fue el jefe de la División Jurídica Jorge Hübner Garretón, quien está siendo investigado por la Contraloría y el Ministerio Público por haber visando el hotel sanitario spa, propiedad del ex jefe de Divap Orlando Durán.
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El Ministerio Público abrió la investigación correspondiente y puso al frente del caso al fiscal Marcelo Carrasco, el mismo que está a cargo de la denuncia en contra del Presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga por su eventual responsabilidad en la muerte de 62 personas en Recoleta a causa del COVID-19.
Por esta investigación, la defensa de las autoridades pidieron la remoción del caso del fiscal Carrasco, sin embargo, el fiscal nacional Jorge Abbott desestimó la petición y aseguró que “la investigación se ha mantenido apegada a la legalidad, con argumentos jurídicos y técnicos, sin alusiones políticas ni personales".
