El Consejo General de Fiscales manifestó, este lunes, su rechazo público al proyecto de ley presentado por parlamentarios de la oposición y que pretende aplicar un indulto a las personas que están detenidas por diversos delitos que se les acusa de haber cometido en el contexto de las protestas sociales que iniciaron en octubre de 2019.
“La Fiscalía de Chile hace presente que un proyecto de ley de indulto como el presentado en el Congreso Nacional en los últimos días podría constituir una gravísima señal para la convivencia social, pues plantea condiciones que dejarían sin efecto, entre otras causas, la condena a 11 años de presidio impuesta a John Cobin, por homicidio frustrado y Ley de Control de Armas (…) o impediría perseguir la responsabilidad penal de los dos imputados en prisión preventiva por el atentado con artefacto explosivo en el edificio Tánica, el 27 de febrero de este año”, dijeron en una declaración pública.
El proyecto que fue firmado por distintos senadores de oposición pretende indultar a quienes hayan sido detenidos y detenidas en el marco de las manifestaciones sociales, argumentando que los eventuales hechos delictivitos sucedieron en un “marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos” y que la mayoría de los imputados son “jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos”.
“La Fiscalía de Chile no puede compartir aseveraciones en orden a que existirían cientos de personas privadas de libertad por delitos menores, o contra quienes se habría hecho un uso indebido o desproporcionado del derecho penal. Las personas sometidas a la acción de los Tribunales de Justicia no están en esta condición por su pensamiento o por sus opiniones, sino por actos que son constitutivos de delitos”, respondieron los fiscales.
“Las críticas al estado procesal de causas relacionadas con el contexto estallido social constituyen una generalización inaceptable, que demanda de sus autores la individualización de las mismas”, agregaron.
En la declaración pública el organismo explicó que las acciones que persiguen en contra de los acusados buscan la reparación ante hechos constitutivos de delitos, “en cualquier contexto”.
