La Fiscalía Centro Norte, a través del fiscal Xavier Armendáriz respondió, este jueves, al documento del ministro de Salud Enrique Paris, y también al de los abogados representantes del Presidente Sebastián Piñera, quienes argumentaron ante la Corte Suprema los motivos para no entregar los correos electrónicos que solicita el Ministerio Público, en el marco de la investigación judicial contra las autoridades.
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Armendáriz consideró “improcedente” la oposición de las autoridades de gobierno a entregar los correos electrónicos, que podrían ayudar en la indagación que acusa al ex ministro de Salud Jaime Mañalich, los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, además del Presidente Piñera, por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia.
“Frente a la orden de entrada y registro, emanada de juez competente, la autoridad requerida se ha negado a entregar la información, invocando el resguardo de la seguridad nacional (además de otras razones ajenas al debate de autos). Sin embargo, dicha autoridad, en su informe, ni siquiera efectuó un esbozo de oposición respecto de los antecedentes que interesa a esta investigación”, dice el escrito.
“Como en cualquier otro caso, el interesado podrá solicitar, en su momento, la devolución de la información que pueda resultar no pertinente a los hechos investigados”, agrega.
Desde el gobierno han dicho que si se hacen público los datos y se entrega la información a la fiscalía, se podría comprometer la seguridad nacional porque en los correos electrónicos habría información relacionada con logística general de distribución de medicamentos y la adquisición de implementos necesarios para enfrentar la pandemia, “en un contexto de una verdadera ‘guerra comercial y política’ entre potencias mundiales, con riesgos de incautación en cualquier territorio”
“La única controversia de autos es determinar si el cumplimiento de la orden judicial de entrega de información, afecta de forma efectiva y concreta la seguridad nacional. La oposición de los imputadas en la causa base, en esta sede, es totalmente improcedente. Lo anterior por la más elemental de las razones jurídicas: No son titulares del bien jurídico en discusión”, añade el documento presentado por la fiscalía a la Corte Suprema.
