Firmas falsas en "Caso Convenios": la denuncia de una abogada del Serviu Antofagasta
Fachada de Serviu Antofagasta - Agencia Uno
—No fueron nunca revisadas por mí, ya que, en dicho tiempo, me encontraba fuera del servicio por licencia médica.
La declaración corresponde a Nicole Quispe, abogada del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Antofagasta. El pasado 12 de septiembre, Quispe declaró en la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), por el “Caso Convenios”. Su relato, que es parte de la investigación —a la que tuvo acceso Reportajes T13—, evidenciaría una posible falsificación de su firma en documentos que autorizaron traspasos de fondos a fundaciones relacionadas con el SERVIU y SEREMI de Vivienda de la misma ciudad.
Nicole Quispe comenzó a trabajar en el SERVIU de Antofagasta en diciembre de 2020, en el Departamento Jurídico, realizando funciones para el programa de Asentamientos Precarios. Allí, según su relato, estaba encargada de revisar los convenios que firmaría el Servicio con las fundaciones, junto con la aprobación de resoluciones exentas que confirmaban los traspasos. “Mi función consiste en asesorar legalmente a los funcionarios de dicho programa, revisar los convenios con fundaciones y aprobación de los convenios mediante las correspondientes resoluciones”, explicó Quispe a los funcionarios de la PDI.
—Por lo que, desde diciembre del 2020 a la fecha, soy quien debe revisar y visar los convenios relacionados a Asentamientos Precarios, ya que estos tienen su origen en el equipo del programa del servicio, quienes me lo derivan para revisión y, posteriormente, los envío para visto bueno de mi jefatura. Y, esta última, a la dirección del servicio. Por lo respecto a las fundaciones que han suscrito convenios con el Servicio, han pasado por mi efectiva revisión—agregó.
Sin embargo, el 26 de septiembre de 2022, la abogada Nicole Quispe presentó una licencia médica por 15 días, la que se extendió hasta el 24 de octubre, según su testimonio. Fue durante esa época, y en su ausencia, cuando habría ocurrido una situación irregular.
—Mientras me encontraba con licencia médica, y posteriormente teletrabajo, hubo ingresos de convenios de transferencias de recursos con fundaciones respecto al programa de Asentamientos Precarios, los que eran suscritos entre SERVIU, SEREMI y las fundaciones. Además, en dicho periodo, se aprueban resoluciones que sancionan y aprueban dichos convenios. Es decir, fueron aprobados por la jefatura del Departamento Jurídico y por la Dirección del Servicio.
Al regresar a sus funciones, Nicole Quispe aseguró —a la PDI— que comenzó “por iniciativa propia y sin instrucción de ninguna jefatura”, a levantar información respecto a los convenios revisados por SERVIU y SEREMI de Vivienda “a fin de indagar la revisión y visto bueno efectivo del analista jurídico, de la jefatura del departamento jurídico, todos del SERVIU”. Tras la solicitud, a Nicole Quispe le llamó la atención la firma de cinco resoluciones de transferencias de fondos en su ausencia a dos fundaciones relacionadas con el “Caso Convenios”.
—En dichas resoluciones figura mi firma en digital, que corresponde a una imagen sobrepuesta que da visto bueno a revisión en mi calidad de analista jurídico. Circunstancias en que estas resoluciones no fueron nunca revisadas por mí, ya que en dicho tiempo me encontraba fuera del servicio por licencia médica y estos documentos no ingresaron a mi casilla institucional para mi conocimiento.
De esas resoluciones, cuatro corresponden a transferencias de recursos que suman $500 millones de pesos a la fundación ProCultura, todas con fecha de 17 de octubre. Y otra por $150 millones de pesos a la fundación Cultural Tomarte, autorizada el 3 de octubre.
—Al percatarme de que en las resoluciones aparecen mis iniciales de responsabilidad NQJ, con la imagen de mi firma en las mencionadas resoluciones, le pregunto de ello a Camila Prado, ya que ella había enviado a mi mail institucional resoluciones relativas a la fundación ProCultura para mi conocimiento. Y ella me indica que no puede revisar su correo institucional porque lo tiene intervenido la PDI, por lo que no pude ver los correos de remisión de dichos documentos.
La fundación ProCultura, creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín, es una de las instituciones emblemáticas del “Caso Convenios”, ya que, dentro de sus integrantes, existían funcionarios de la SEREMI de Vivienda de Antofagasta, contratados por la fundación, y que sus labores eran pagadas por los recursos transferidos por los proyectos contratados. Es decir, cumplían dobles funciones y recibían dos sueldos.
Por otro lado, la fundación Cultural Tomarte, también es parte de la investigación del caso, pero por adjudicarse contratos de construcción de diversas obras en nueve campamentos de Antofagasta, pero sin contar con giro comercial ni experiencia.
¿Pero quiénes pudieron haber autorizado y utilizado la firma de la abogada para aprobar los convenios durante su ausencia? Nicole Quispe aseguró, en su declaración policial, que “según el mail enviado el 6 de octubre de 2022, quienes pudieron incluir la imagen digital de mi firma, en las resoluciones relacionadas con la fundación ProCultura, eventualmente son Camila Prado, Monserrat Martínez o Joselin Vergara, ya que después de ellas se remitió a la directora subrogante del servicio Paulina Vallejo”.
—La imagen de la firma, que aparece en las mencionadas resoluciones sobre la mía, corresponde a Monserrat Martínez, en calidad de jefa subrogante del Departamento Jurídico, y significa que ella da visto bueno a la revisión realizada por la analista jurídica —explicó Nicole Quispe.
Además, en su declaración, Nicole Quispe explica que la persona que la reemplazó, durante su licencia médica, fue Joselin Vergara, “ya que toda resolución que aprueban las transferencias de recursos deben de tener la revisión de la analista jurídico, y a la época de la visación de las comentadas resoluciones, sólo cumplíamos dicha función Joselin Vergara y yo”.
—Al parecer, la imagen digital de mi firma colocada en las resoluciones mencionadas precedentemente, se pudo haber obtenido de los formatos en Word de resoluciones anteriores, enviadas al equipo de Asentamiento Precario. A mi parecer, existe la posibilidad de que Camila Prado haya trabajado en la redacción de la resolución en un formato que contenía previamente mi firma —agrega Nicole Quispe en su declaración en la PDI.
De las personas mencionadas por la abogada Nicole Quispe, el nombre de Camila Prado también se repite en un informe realizado por la Contraloría, relacionado al “Caso Convenios”. En él, es indicada como una funcionaria del SERVIU de Antofagasta y que realizó “labores de gestión, seguimiento y control de los convenios”, mientras también estaba contratada por la Fundación Campamentos de Ideas.
Paulina Vallejo, en su calidad de jefa del Departamento Jurídico del SERVIU de Antofagasta, también declaró en la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, un mes antes de que fuera citada la abogada Quispe. En su relato con los policías, Vallejo comentó:
—Nuestro ministerio es muy cotizado políticamente, ya que tenemos nexos directos con los comité de vivienda y los grupos organizados en el programa de Asentamiento Precario, en donde trabajamos con más de 20.000 familias. Por lo tanto, representa una plataforma ideal para realizar campañas políticas, ya que hay un número importante de votos. Sobre las nuevas fundaciones, a cargo de realizar el programa de Asentamiento Precario, tenían un giro de connotación política, como por ejemplo, Democracia Viva, su giro era vincular a las personas con las instituciones u organizaciones con participación político. Es decir, esta fundación se encargaba de vincular a las personas en espacios de debates políticos.
Tras la declaración de la abogada Nicole Quispe, la historia del “Caso Convenios” presenta una nueva arista que podría tener delitos asociados de usurpación de identidad y falsificación de instrumento público. Actualmente, la PDI ya tiene estos antecedentes y será el Ministerio Público el encargado de acreditar si existieron irregularidades en el proceso de transferencia de fondos.
