Leslie Ayala y Christian Rendic
La omisión de un dato relevante por parte de Alberto Ayala, que se convierte en una contradicción con lo declarado por Carlos Gajardo, es uno de los detalles llamativos de la investigación sobre las supuestas filtraciones que habría hecho el fiscal regional Metropolitano a Rodrigo Peñailillo sobre el caso SQM.
Hace dos semanas el fiscal nacional, Sabas Chahuán, decretó una investigación penal en contra de Alberto Ayala. Esto, debido a que en el marco del caso SQM surgieron acusaciones sobre la supuesta filtración de antecedentes desde el Ministerio Público hacia el gobierno.
La acción se originó luego de que el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, relatara en su declaración que la razón por la cual el Ministerio del Interior manejaba tantos detalles del caso SQM se debía a que un importante fiscal habría sido informante de Peñailillo.
Esto explicaría por qué, según declaró a la justicia el ex titular del SII Michel Jorratt, desde Interior conocieran incluso antes que él las acciones que realizaba el organismo en el caso, y que según este mismo testimonio habrían llevado a Peñailillo a sugerir –a través de terceros- que se hiciera todo lo posible por evitar la intervención de la fiscalía en las cuentas de Soquimich, pues tendría implicancia políticas graves para el oficialismo.
Ocho son los interrogados por el fiscal Guerra –nombrado por el Ministerio Público para indagar las acusaciones contra Ayala, en las que se investiga revelación de secreto y eventual obstrucción a la justicia- hasta el momento están entre ellos Cristián Vargas, Michel Jorratt, Rodrigo Peñailillo, Alberto Ayala y Carlos Gajardo.
A continuación, T13 da cuenta de los puntos más relevantes de cada sus declaraciones.
Vargas apunta a Jorratt
Cristián Vargas fue el primero en declarar. Fue el 6 de agosto cuando se presentó ante el fiscal Guerra y en su testimonio parte dando cuenta de que ingresó al SII en 1995 como jefe jurídico en Antofagasta.
Según Vargas, quien fue nombrado Subdirector Jurídico en marzo de 2014 por Jorratt, éste le habría planteado que uno de sus principales objetivos sería reducir la evasión tributaria y que, en este marco, el primer caso que levantaron fue una denuncia contra los hermanos Calderón, dueños de Ripley, en mayo de ese año.
También relata los orígenes del caso Penta, a partir del caso FUT, y cómo optaron por querellarse primero contra el ex gerente Hugo Bravo para luego ampliar las acciones contra Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y otros altos ejecutivos.
Es en esta parte de su declaración cuando lanza los primeros dardos contra Jorratt y el ministerio de Hacienda.
Según Vargas, hubo demoras injustificadas en la presentación de las querellas contra Délano y Lavín, producto de supuestas peticiones de Hacienda (cuya cabeza entonces era Alberto Arenas), en cuanto a dilatar las acciones judiciales. Según él, fue Jorratt el encargado de transmitir estos mensajes, aunque no especificó de quién provenían.
Pero Vargas no se queda ahí. Según declaró, el propio Jorratt manifestó aprensiones en cuanto a si la facilitación y uso de boletas ideológicamente falsas constituía o no un delito. Haciendo eco de la que ha sido denominada la “doctrina Escobar” (tesis levantada por el ex titular del SII Ricardo Escobar que sostiene que esto se trata de meras faltas y que se subsanan con multas y salidas administrativas), Jorratt le manifestó que se trataba de una práctica habitual.
Vargas relató también el momento clave del caso, que es cuando el Servicio decide –tras información recabada por la Fiscalía- incluir a María Carolina de la Cerda en la querella contra de su cuñado, el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.
Hasta ese momento el foco era el grupo Penta y, según Vargas, Jorratt le manifestó su preocupación por la inclusión de una boleta emitida por De la Cerda a Soquimich.
Según su relato, sin exponerle razones, el entonces titular de Impuestos Internos le comentó que el Ministerio del Interior estaba preocupado por lo relativo a esta empresa. Vargas da más detalles y sostiene que al momento de mostrarle el borrador de la querella contra Wagner y De la Cerda, Jorratt le pidió explicaciones de por qué se debía incluir la boleta emitida a SQM, a lo cual respondió no sólo que era parte de los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, sino que también la propia De la Cerda ya había reconocido ante el SII que se trataba de documentos falsos.
A esa altura, Jorratt habría apelado a un nuevo argumento: la boleta emitida por la cuñada de Wagner estaría prescrita. Pero esto, dice Vargas, fue desestimado debido a que la profesora había emitido boletas falsas hasta 2014 y esta reiteración interrumpía la prescripción.
Finalmente, añade Vargas, a pesar de la preocupación de Jorratt, Hacienda e Interior, el Servicio presentó la querella que abrió la puerta de SQM a la Fiscalía el viernes 9 de enero de 2015.
La indignación de Peñailillo y el fiscal oficialista
Según el testimonio de Cristián Vargas, el mismo día en que el SII se querelló contra Wagner y De la Cerda fue citado a la oficina de Jorratt. Allí, éste le habría dicho que Rodrigo Peñailillo estaba indignado por la presencia de De la Cerca en el libelo y por la diligencia de incautación de la contabilidad de SQM propuesta. Esto, porque se abría la posibilidad de investigar contablemente a Soquimich entre 2009 y 2014.
Vargas sostiene que fue ese mismo 9 de enero cuando Jorratt le dice que un fiscal cercano a la Nueva Mayoría los acusó ante Peñailillo, pues con la querella se permitía a la Fiscalía incautar la documentación de seis años de SQM. Según relata, le habría hecho ver a Jorratt su extrañeza por el hecho de que un fiscal pudiera hablar de estos temas con Interior y le precisa que la acción del SII habilitaba a la Fiscalía a indagar en SQM solamente lo relativo a julio de 2009, mes en que De la Cerda emitió la boleta.
Según este testimonio, el nombre de Ayala surge casi por descarte.
Y es que Vargas asegura que habló con Jorratt (quien le habría manifestado en varias oportunidades que le parecía extraño que Interior conociera detalles de una investigación secreta) acerca de qué fiscal pudo haberlos acusado ante el gobierno. Ahí, dice, le preguntó si había sido Carlos Gajardo o Pablo Norambuena, a lo cual Jorratt respondió que se trataba de alguien importante. Esto fue interpretado por Vargas como que se trataba de un fiscal con mayor rango y entonces le preguntó al aún titular del SII si fue Alberto Ayala: Jorratt, sin asegurarlo –relata Vargas- le dijo que podía ser.
A los pocos días de presentada la querella, Vargas fue convocado por Jorratt para que aclarara que la Fiscalía sólo podía acotar su incautación a julio de 2009 y no al rango de seis años. Fue el 12 de enero que el SII preparó el escrito en cuestión y, según relata Vargas, ese mismo día llamó por teléfono a Ayala, superior de Gajardo, para explicarle el tema.
Según Vargas, Alberto Ayala se remitió a escucharlo y en forma poco amable le dijo que presentara la aclaración lo antes posible y le cortó. Ayala tampoco le habría comentado nada acerca de su inhabilidad respecto de SQM (decisión adoptada por el fiscal pues trabajó 11 años para SQM en Antofagasta). Tras sostener que le llamó la atención lo poco receptivo del fiscal regional, dijo que nunca más volvió a tener comunicación con él, como tampoco con Gajardo y Norambuena.
Samuel Donoso entra en escena
Tal como relató Jorratt en su declaración como imputado ante los fiscales del caso SQM, Cristián Vargas también describe una reunión sostenida en Hacienda en pleno caso, en la que participó el abogado Samuel Donoso.
Ex militante del PPD e influyente penalista, Donoso es actualmente el defensor del ex gerente general de SQM Patricio Contesse. Antes asesoró al directorio de la minera e intentó que el Tribunal Constitucional impidiera a la fiscalía incautar la contabilidad de la empresa.
Vargas relata que tras la querella contra Wagner y su cuñada, Jorratt le pidió que lo acompañara a una reunión en Hacienda, para explicar el caso. En la cita estaban Andrea Palma, ex jefa de gabinete del ministro Alberto Arenas, y Donoso, quien fue presentado por Palma como un abogado de confianza del gobierno.
El ex subdirector jurídico del SII asegura que Donoso nunca se identificó como abogado de SQM o de alguno de sus ejecutivos y que, con un tono duro, cuestionó la decisión del organismo de querellarse, apelando a que los ilícitos en torno a la boleta de De la Cerda habían prescrito.
Jorratt contraataca
El ex director de Impuestos Internos, que declaró un día después que Vargas, refuta gran parte de las imputaciones de su ex subordinado.
Por ejemplo, mientras Vargas sostiene que las primeras aprensiones manifestadas por Jorratt se dieron cuando éste conoció el borrador de la querella contra Wagner y De la Cerda, el ex titular del Servicio asegura que el contenido de la acción judicial lo conoció sólo luego de que fuera presentada.
Jorratt vuelve a relatar la reunión en Hacienda en que Andrea Palma le habría dicho que Peñailillo estaba indignado porque el Servicio le abrió las puertas de SQM a la fiscalía, y que le habría aclarado a la asesora de Arenas que la decisión de querellarse radicaba en su subordinado. Con todo, relata Jorratt, quedó en hablar con Vargas para conocer los verdaderos alcances de la acción judicial.
Si bien Vargas le aclaró que la querella mandataba a la Fiscalía a requisar sólo lo de julio de 2009, también le dijo que estas acciones son referenciales y que el Ministerio Público puede decretar las diligencias que considere pertinentes.
Jorratt transmitió esto a Palma, quien le dijo que pese a todo Peñailillo seguía preocupado, ya que sus abogados le habrían dicho que la Fiscalía estaba facultada para pedir toda la documentación de la empresa.
El ex director del SII aseguró que Andrea Palma jamás le mencionó que los antecedentes que manejaba Peñailillo provinieran de algún, a la vez que declaró no tener idea de dónde obtuvo Vargas el nombre de Alberto Ayala.
También confirmó la cita en Hacienda en la que participó Samuel Donoso y reiteró que le llamaba la atención el detalle de datos que manejaba Interior.
Peñailillo y la infamia
A de las siete de la tarde del 7 de agosto, Rodrigo Peñailillo relató al fiscal Guerra su versión.
El ex hombre fuerte del bacheletismo dijo que sostener que Alberto Ayala le hizo llegar información sobre las acciones del SII y en particular sobre la querella de enero de 2015 contra Wagner y De la Cerda se trataba de una infamia. Agregó que quería ser categórico, que se trataba de algo que no tiene nombre y dijo no imaginar quién pudo ser capaz de urdir algo así.
Peñailillo añadió que como ministro mantuvo relaciones institucionales y formales con la Fiscalía a través de Sabas Chahuán, y que solo en contadas ocasiones, por ausencia del Fiscal Nacional, se relacionó con Alberto Ayala en su calidad de subrogante. Siempre en actividades protocolares.
Tras esa aclaración, reiteró que quería ser categórico y enfático en que jamás conversó con Ayala respecto del caso SQM, ni que se ha reunido o pedido antecedentes a ningún fiscal.
En esto coincide la versión de Alberto Ayala, quien aseguró que nunca habló con Peñailillo, a quien –dijo- sólo conoció en las actividades protocolares en que le correspondió subrogar a Chahuán. Por lo mismo, añade, es absolutamente falso que haya comentado con el ex ministro –o con otro personero de gobierno- detalles del caso Penta y en particular sobre la querella contra SQM.
Las coincidencias y contradicciones de Ayala y Gajardo
Carlos Gajardo declaró el lunes 10 de agosto, un día antes que su superior jerárquico Alberto Ayala, quien tras relatar sus 15 años en el Ministerio Público parte aclarando que fue él quien designó a Gajardo para investigar a Penta.
Ayala sostiene que se enteró de la querella del SII contra Wagner y De la Cerda el lunes 12 de enero, es decir tres días después que de fuera presentada la acción judicial que abrió las puertas del caso SQM, el que ha cobrado ya más de una decena de víctimas en el oficialismo, entre ellas los ministros Peñailillo y Arenas, y Michel Jorratt.
Dice el fiscal Metropolitano Oriente –que postula ahora al cargo de fiscal regional de Antofagasta- que supo de la querella por el propio Gajardo, quien le informó recién el 12 por la tarde. Según Ayala, el persecutor del caso Penta le explicó que el libelo incluía a varas empresas, entre las que figuraba Soquimich y que entre las diligencias estaba la solicitud de incautar la contabilidad de 2009 a 2014.
Según relata Ayala, Carlos Gajardo le comentó que le parecía conveniente realizar esa incautación y que él estuvo absolutamente de acuerdo.
Es en este punto donde se da una coincidencia importante con la versión que horas después entregó Gajardo al fiscal Guerra, pero donde también se registra una contradicción.
Según Gajardo, es efectivo que el lunes 12 de enero, alrededor de las 13 horas, Alberto Ayala llegó hasta su oficina y conversaron sobre la querella del SII que involucraba a Soquimich. Dice el fiscal que le hizo ver a su superior que el Ministerio Público debía solicitar judicialmente la incautación de la contabilidad de la minera entre 2009 y 2014, y que Ayala estuvo de acuerdo.
Sin embargo, Gajardo también detalla un antecedente que contradice la versión del fiscal regional Metropolitano.
Porque si bien Ayala sostiene que se enteró recién el lunes 12 de enero que el SII se había querellado contra SQM y asegura en forma explícita que no se enteró el 9 de enero, día en que se presentó la querella, según Carlos Gajardo esa misma jornada el Servicio de Impuestos Internos no sólo publicó en su página web un comunicado dando cuenta del hecho, sino que esa misma tarde la periodista de la Fiscalía Oriente envió por correo electrónico la portada del diario La Segunda, cuyo titular principal el viernes 9 daba cuenta de la acción judicial.
El correo enviado por la asesora de prensa no sólo fue dirigido a los fiscales a cargo del tema, sino que también fue dirigido a Alberto Ayala.
Donde también coinciden Gajardo y Ayala es en la fecha en que éste decide inhabilitarse del caso SQM por haber trabajado antes para la minera. Ambos concuerdan en que fue el lunes 12 de enero cuando el hoy investigado jefe de la fiscalía Oriente opta y notifica su inhabilidad.
Guerra le preguntó también a Gajardo si alguna vez Ayala –su jefe directo- le había pedido acotar la incautación de la contabilidad de SQM sólo a julio de 2009 y no a los seis años que pretendía la Fiscalía, a lo que Gajardo dijo que no y que la única vez que ambos hablaron del caso Ayala se mostró de acuerdo con que la diligencia fuera amplia.
Asimismo, Gajardo dijo no conocer a Peñailillo, como tampoco haber sostenido algún tipo de contacto telefónico o por correo, como tampoco con alguien de su entorno, misma respuesta que dio al ser consultado por Michel Jorratt.
Por último, Ayala reconoce que si bien recibió un llamado de Cristián Vargas por las precisiones de la querella del SII, nunca quiso ser descortés con el entonces subdirector jurídico ni le dio instrucciones de ningún tipo, sino que sólo se remitió a decirle que se comunicara con los fiscales a cargo.
De paso, asegura que desde que inhabilitó del caso SQM el 12 de enero, nunca volvió a tener conocimiento de esta investigación.
