"Por la democracia". Este es el nombre de una declaración firmada por más de 90 militantes del PS en la que plantean su postura frente a la "grave crisis social e institucional" que vive el país.
En el documento figuran las firmas de figuras históricas de la colectividad, como el senador y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, además de los ex ministros José Antonio Viera Gallo, Juan Gabriel Valdés y Gabriel de la Fuente, además del ex embajador Ricardo Núñez. También aparecen parlamentarios como el senador Rabindranath Quinteros y los diputados Marcelo Díaz y Marcelo Schilling.
"Nuestra democracia en riesgo", es el primer punto de la declaración, donde plantean su rechazo a quienes consideran que "en Chile no hay democracia".
Plantean que quienes emiten estas declaraciones están "lesionando la cohesión social y sembrando la desconfianza en torno a este noble valor. No solo, también ofenden a toda una generación de hombres y mujeres que lucharon, a costa de sus vidas, seguridades y libertades, por terminar la dictadura de 17 años y recuperar el preciado bien de la democracia".
"Es nuestro deber oponer razones y argumentos frente a esta dañina perspectiva que corroe los fundamentos de la vida democrática y facilita salidas de fuerza hacia aventuras autoritarias y peligrosos populismos", agregan.
En el segundo punto de la declaración, los firmantes aseguran que en estas semanas "se han visto tres Chile". Por un lado, las millones de personas que se han manifestado pacíficamente exigiendo derechos y rechazando las inequidades y abusos. "Hay también un amplio Chile que observa con preocupación la crisis y el caos y que en algún momento hará oír su voz, la que deberá ser democráticamente escuchada", agregan.
Pero plantean que hay un tercer grupo: "minorías, que, al amparo de estas justas causas, se han dedicado a ciega destrucción, al vandalismo y al pillaje".
"En estas minorías coexisten lumpen y sectores marginados, bandas criminales ligadas principalmente al narcotráfico, y grupos extremistas y antisistémicos, altamente ideologizados y organizados en torno a un único objetivo: destruir las instituciones públicas y privadas y arrasar con el Estado de derecho y la democracia chilena", aseguran.
En este sentido, plantean que la descrucción de edificios públicos y privados, estaciones del Metro, municipios, iglesias, entre otros, "dan cuenta de los blancos de una furia irracional, pero también de los objetivos de un fanatismo ideológico que ataca directamente al Estado de derecho democrático".
Es frente a estos actos de que hacen un llamado a "la izquierda democrática" a "emprender una decidida batalla ideológica, cultural y política contra esta amenaza que puede pavimentar el camino a una respuesta de toda otra índole: la instauración por las armas de un régimen dictatorial que “pacifique” un Chile arrasado e inerme ante una guerra alimentada por los dos extremos del espectro político".
"La lucidez política y social que tuvimos para luchar y terminar con la dictadura, debemos levantarla
nuevamente para conjurar el peligro que la inmensa mayoría del pueblo no desea. Sin ambigüedades,
ni menos justificaciones", enfatizan.
Acuerdo por una nueva constitución y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos
Los firmantes realizan una defensa al acuerdo transversal del mundo político para realizar un plebiscito para decidir la posibilidad de una nueva Constitución, además del eventual mecanismo con que esta será redactada. "Fue un acuerdo que significó ceder en posiciones ideológicas por las partes adversarias. La UDI aceptó sepultar la Constitución ideada en dictadura por su fundador, y partidos del Frente Amplio desecharon la postura del todo o nada", afirman.
"Nada de este histórico acuerdo habría sido posible sin la pacífica movilización y presiones de millones de chilenas y chilenos. Son ellos los verdaderos ganadores de este pacto por un Chile distinto y mejor", agregan.
Con todo, admiten que existe una "enorme tarea" para convocar a la ciudadanía, además de resolver aspectos metodológicos del proceso.
Respecto de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos por parte de personal de Carabineros, señalan que "no podemos justificar la coacción excesiva de algunas acciones denunciadas, ni la violación a los protocoles policiales en la contención de la violencia".
"Nos unimos, pues, a las condenas y denuncias de las personas afectadas y de los organismos dedicados a la protección de estos derechos. Los sufrimientos en dictadura no pueden ni deben ser replicados en estos episodios que enlodan gravemente la democracia chilena", enfatizan.
Y expresan su confianza en que la acción de las querellas ya presentadas y el debido proceso que llevará la justicia llevarán a que "Carabineros sea constreñido a realizar una profunda revisión de su estructura, sus métodos y su forma de ejercer la función disuasiva que la institucionalidad democrática les encomienda, sancionando además a aquellos elementos responsables de estos deplorables hechos".
