Piñera declara ante fiscal Chong en investigación por delitos de lesa humanidad durante estallido social
El expresidente Sebastián Piñera, inició su declaración ante la fiscal de alta complejidad, Ximena Chong, en el marco de su investigación por presuntos delitos de lesa humanidad durante el estallido social.
El exjefe de Estado recibió a la fiscal en su oficina durante la tarde del martes y lo hizo acompañado de su abogado, Samuel Donoso.
Cabe señalar que ya habían prestado declaración sus exministros de Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, además del exsubsecretario Juan Francisco Galli.
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En la previa, se esperaba que durante la cita, Piñera abordara el rol fiscalizador de La Moneda en el actuar de las fuerzas de orden y seguridad durante las manifestaciones del 18 de octubre de 2019.
Lo anterior sumado a que responda consultas relacionadas con la responsabilidad del alto mando de Carabineros en eventuales violaciones a los derechos humanos.
La declaración anterior del expresidente ante Fiscalía:
Cabe señalar que el 27 de julio de 2021, el exmandatario renunció su derecho a guardar silencio y prestó declaración a la Fiscalía, donde señaló que nunca previó lo que sucedió para el estallido social.
"Existe un sistema de inteligencia a cargo de la ANI que colabora con el Presidente, pero no hubo ninguna advertencia concreta y específica sobre un desenlace de hechos como los vividos el 18 de octubre de 2019″, manifestó.
También relató que el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, le informó sobre "antecedentes" de que "habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en hechos de violencia. Yo le pedí que esos antecedentes los pusiera en poder de la fiscalía”.
“La única decisión que se adoptó en función de ese informe fue poner a disposición del Ministerio Público (...) He aprendido a ser prudente con ese tipo de informes”, señaló en aquel momento al ente persecutor.
Finalmente, sobre su decisión de declarar Estado de Excepción, señaló que "obedece al estado de grave alteración del orden público, a la violencia desatada y al hecho de que las Fuerzas de Orden y Seguridad estaban siendo superadas por la ola de violencia y el orden público no estaba siendo debidamente resguardado".