Exclusivo T13: Fiscalía pide formalizar a funcionarios del SII y de la TGR en el caso Audios
Agencia Uno: SII / Tesorería General de la República
El Ministerio Público no solo buscará imputarle cargos a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, lavado de activos e ilícitos tributarios.
Es que la Fiscalía Oriente también solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía formalizar a dos funcionarios públicos involucrados en el caso: un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) y otro de la Tesorería General de la República.
Aunque sus nombres están bajo reserva, fuentes del caso comentaron que el funcionario del SII habría recibido pagos para ayudar a los abogados de Factop -firma indagada por la emisión de facturas falsas- a gestionar documentos y trámites internos.
Los pagos no superarían los 300 mil pesos, pues se analizaron cartolas bancarias y las salidas y entradas de dineros en la cuenta del funcionario público.
La Fiscalía, también pidió formalizar al esposo de Leonarda Villalobos, Luis Angulo. El tribunal, en tanto, aun no fija día y hora para la audiencia.
Caso Audios: SII interpone querella contra Luis Hermosilla y abogada Leonarda Villalobos
La querella contra Hermosilla
La acción legal contra el abogado Hermosilla se centra en la supuesta presentación de declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, que habrían causado un perjuicio fiscal que supera los $1.014 millones.
Según la querella, Hermosilla habría declarado ingresos significativamente menores a los que realmente percibió durante los años tributarios 2020 a 2024. Mediante maniobras tributarias fraudulentas, habría evadido más de $800 millones en impuestos.
Por su parte, Villalobos -cónyuge de Angulo- habría realizado prácticas similares, junto con haber participado activamente en la manipulación contable de la empresa Asesorías y Negocios Commercia SpA, de la cual su esposo es representante legal.
Según el texto legal, la empresa habría registrado falsas compras y ventas, utilizando facturas emitidas por compañías fantasmas, lo que resultó en una declaración de pérdidas artificiales por $770 millones.
Junto con destacar la gravedad de los delitos, además de la deliberación y complejidad de las maniobras empleadas, la querella argumenta que existe un dolo evidente por parte de los acusados, fundamentado en el conocimiento personal y la experiencia de ellos en temas legales y tributarios.
